Un año y tres meses después de paralizarse los trabajos de extracción de madera en la sierra por los incumplimientos de la UTE adjudicataria y la deficiente ejecución del proyecto, el Ayuntamiento de Enguera ha incoado un nuevo procedimiento para resolver de manera anticipada el contrato de aprovechamiento de la biomasa en tres montes públicos de la localidad, que se suscribió en 2014 con un plazo de duración de 15 años.
La contratista dispondrá de un trámite de audiencia para presentar alegaciones, antes de que la corporación decida si procede reclamarle una indemnización o si la incautación de la garantía depositada es suficiente para responder por los daños y perjuicios ocasionados, tanto a la administración como al territorio forestal.
Una vez culminado el proceso, el consistorio proyecta reactivar el Plan de ordenación de los montes mediante un nuevo pliego que garantice una actuación sostenible y respetuosa con el medio.
El PP, sin embargo, cuestiona esa voluntad del equipo de gobierno y se muestra crítico con la gestión municipal, apelando a un informe emitido el 28 de febrero por el ingeniero de montes a petición de la alcaldía. Este documento, que los populares califican de «demoledor», cuantifica en 1,138 millones de euros la merma de ingresos que supone para el Ayuntamiento de Enguera la rescisión del proyecto y eleva a 6,737 millones el perjuicio económico que sufre el municipio derivado del «no aprovechamiento forestal» de sus montes, si se tiene en cuenta el impacto de la triple dimensión social, ambiental y económico. Las intervenciones, además, perseguían reducir un 60% el riesgo de grandes incendios en la sierra.
El informe, en cualquier caso, concluye que existen motivaciones fundadas para resolver el contrato, debido a su incorrecta ejecución por parte de la adjudicataria, acreditada por los agentes medioambientales y el personal técnico competente mediante numerosas denuncias, actas e informes. Conforme a la ley, así, el consistorio habría de confiscar el aval económico abonado por la UTE.
El ingeniero de montes continúa indicando que, una vez rescindido el contrato, «debería ponerse todo el esfuerzo para volver a iniciar la gestión forestal contenida en el proyecto de ordenación de los montes públicos, vistos todos los perjuicios sociales, ambientales y económicos que genera la paralización de las actuaciones». El técnico sostiene que «la no puesta en marcha de los trabajos [...] sería imputable directamente a aquellas personas responsables de su no inicio», poniendo el acento en que «es obligación legal de las administraciones públicas ordenar y gestionar sus montes».
Con el documento en la mano, el PP urge a que se retomen «de inmediato» los trabajos de extracción de biomasa, tras observar que el ejecutivo «no se ha comprometido por escrito» a ello. La formación mantiene que la Conselleria de Medio Ambiente paralizó las cortas de madera en la sierra en marzo de 2016 a propuesta de un decreto de alcaldía acompañado de una serie de informes técnicos que advertían de los desperfectos. Los trabajos de desembosque y astillado de la madera ya cortada continuaron unas semanas más, pero se ejecutaron de manera incorrecta. Finalmente, en junio de 2016, la dirección territorial de la conselleria propuso la resolución del contrato con la UTE adjudicataria debido al alto número de incidencias detectadas.
En respuesta a los populares, el alcalde de Enguera asegura que el consistorio siguió en todo momento las directrices de la dirección autonómica de Medio Natural y negoció con la empresa para mejorar las condiciones y minimizar los fallos, pero las intervenciones «fueron a peor». Óscar Martínez (PSPV) hace hincapié en que ya se está trabajando en la redacción de un nuevo pliego de condiciones técnicas y administrativas para la ejecución de los trabajos «a través de otra empresa que cumpla con la normativa y con el contrato», si bien «lo primero es rescindir el anterior», puntualiza.
El alcalde: «Habrá más control»
El alcalde apuesta por introducir «mayores mecanismos de control» y por explorar la posibilidad de acortar los plazos de ejecución. Todo ello con tal de que la gestión forestal se reinicie «sin agraviar al medio natural» y se garantice «una gestión perfecta y sostenible» que no solo genere beneficios para el consistorio, sino que, sobre todo, minimice el riesgo de incendio y permita crear un bosque «multifuncional», con cabida para diferentes tipos de actividades.
Sobre el perjuicio económico de la paralización, Martínez subraya que «el dinero sigue estando en la sierra» y recalca que el ayuntamiento «no tiene que indemnizar a nadie, sino licitar otro pliego con garantías». El alcalde justifica el retraso del proceso porque hasta abril la UTE no había presentado las liquidaciones de los trabajos realizados. Durante el proceso se examinará si se reclaman a las empresas los daños ambientales detectados en diversas zonas por valor «de decenas de miles de euros».
