Parra denuncia que Asunción «salga impune» tras archivarse su querella

El expresidente del COR pide que se castigue al empresario que le denunció por la planta de Llanera: «Ha querido engañar a la justicia» ? La Audiencia también exonera a FCC y a su director en València, Salvador Otero

16.06.2017 | 14:06
Parra denuncia que Asunción «salga impune» tras archivarse su querella

El auto de la Audiencia Provincial que archiva de forma definitiva la causa penal abierta en torno a la adjudicación de la planta de basuras de Llanera de Ranes no ha terminado de satisfacer a los ocho investigados que han quedado exonerados, entre los que se encuentran el expresidente del Consorcio de Residuos (COR) y exconcejal de Xàtiva, Vicente Parra, y el director de FCC en la C. Valenciana, Salvador Otero. Como avanzó Levante-EMV, el órgano judicial dio carpetazo al caso al no observar ningún indicio de los delitos de prevaricación y cohecho denunciados. Sin embargo, el criterio de no imponer las costas del proceso al empresario de Alzira que en 2015 presentó la querella, el constructor José Andrés Asunción, ha causado sorpresa entre los exculpados.

«Ha engañado a la justicia apelando al derecho al pataleo y encima no le castigan y sale impune». Parra critica así la decisión judicial y subraya el «daño» que ha provocado el procedimiento a la imagen de empresarios, políticos y técnicos, junto a la repercusión económica derivada de los costes de las defensas, después de dos años de «calvario» judicial.

El constructor compró terrenos en Llanera antes del concurso de la planta, pero las instalaciones terminaron adjudicándose en una zona colindante y no pudo obtener de ellos ningún beneficio. Seis años más tarde de la adjudicación, acudió a los juzgados para declarar que un empresario fallecido meses atrás supuestamente le había ofrecido un amaño. «La denuncia fue un ataque de cuernos de un mero especulador que no tenía participación directa en el concurso de las basuras y que ofreció sus terrenos a varias empresas [que sí concurrieron]. Como luego vio que no podía sacarle provecho al suelo, decidió ir a dañarnos, intentándose aprovechar de la situación, pero mintiendo y blasfemando, sin presentar pruebas reales», censura Parra, que contempla la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario porque, a su juicio, casos como este animan a presentar denuncias sin pruebas «para hacer daño». «¿Cómo no tienen que estar los juzgados saturados?», clama.«Si alguien le prometió [al empresario] algo, él sabrá. Se ha demostrado que el proceso fue totalmente limpio», apostilla.

El expresidente del COR confía en que la última resolución judicial permita «limpiar la imagen» de los investigados. «El tiempo pone a cada uno en su sitio. Nos quedamos con la razón», zanja

Además de a Parra y al representante legal de FCC; el auto de la Audiencia -que no admite recurso- también exonera a Vicente Carlos Sarrió y José Vera, jefes del servicio de Medio Ambiente de los ayuntamientos de Gandia y Xàtiva; José Carlos Montes, ingeniero industrial y representante de Barxeta; Fernando Pradells , ingeniero de Montes y representante de Enguera; Manuel Tatay, Jefe de Servicio representante de la diputación y Gabriel Fernández, representante de la empresa Dimesa.

Fuentes próximas a los exculpados aseguran que en el proceso «ha quedado patente la temeridad y mala fe» del denunciante y califican de «insólito» el recurso por la vía penal que éste presentó. «Además de hacer más doloroso el gratuito calvario de las personas que fueron imputadas, ha incrementado el ya elevado coste económico que han tenido que afrontar», sostienen. Medios jurídicos ligados a a las defensas consideran que el tribunal ha dispensado un «trato amable» a Asunción y tachan el proceso de «caza de brujas» porque, tras fracasar en el juzgado de lo contencioso-administrativo, el constructor «acudió al procedimiento penal para revisar cuestiones ya resueltas» como la legalidad de los pliegos del concurso y de la adjudicación, provocando, según estas fuentes, la formación de lo que en derecho se denomina una «expedición de pesca»: un modelo de actuación «rechazado por la doctrina y la Gjurisprudencia».

«Deseos de vendetta»
Para las defensas de los investigados, el empresario de Alzira «pretendió una inquisición general» porque se investigaron delitos de los que, según la Audiencia, no había «ni el menor indicio o elemento probatorio». El proceso, concluyen, «evidencia el dañino sin sentido cuando se unen la rabia y los deseos de vendetta, con el objetivo de ensuciar por ensuciar a personas honorables y empresas solventes».

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