El clima de unanimidad en el que se desenvolvió la investidura de la presidenta de la Mancomunitat de la Costera-la Canal, Mª josé Tortosa (PSPV), ha durado menos de un mes. Ayer, en el pleno que sentó las bases de un nuevo organigrama político, Compromís convirtió en un espejismo el consenso exhibido el 5 de septiembre, al rechazar la oferta de los socialistas -con mayoría absoluta en el ente- para que los tres alcaldes valencianistas asumieran la vicepresidencia 2ª y entraran en la junta de gobierno. Solo el tiempo dirá si se trata de una ilusión pasajera.

El portavoz de Compromís y alcalde de la Font, Vicent Muñoz, emplazó a Tortosa a continuar «con tranquilidad y sin prisas» las negociaciones entabladas porque «hay cuestiones que tienen que concretarse» para propiciar «el cambio que necesita la Mancomunitat». La alcaldesa de Vallada respondió con una postura conciliadora y decidió no cerrar la puerta en un futuro a la incorporación del partido con el que el PSPV gobierna en muchos ayuntamientos de la comarca, dejando vacante la vicepresidencia segunda por si estiman oportuno ocuparla más adelante, teniendo en cuenta que Compromís amarra dos alcaldías más que en 2015 en la Costera.

El punto se aprobó con la unanimidad del resto de grupos. Tortosa hizo hincapié en que, de los cinco puntos indispensables exigidos por la coalición «se han asumido prácticamente todos», subrayando su voluntad de hacer más participativo y operativo el funcionamiento de la Mancomunitat» y de crear una comisión para abordar la necesaria reforma de los estatutos, con tal de «dar un contenido real y una función ejecutiva» a la institución supramunicipal, como piden los valencianistas.

Carolina Mas, portavoz del PSPV y vicepresiedenta en el ente, instó a los alcaldes de Compromís a que tengan en cuenta la disposición de los socialistas y los «pasos dados», incidiendo en el «trabajo conjunto» de ambas formaciones en las instituciones. Pero Muñoz no movió ficha y condicionó la entrada a la definición de «una hoja de ruta clara» que dé «estabilidad» a largo plazo a la Mancomunitat y la haga más operativa. «Valoramos la voluntad, pero queremos que se materialice con hechos», dijo.

Junta de gobierno «integradora»

La propuesta de la presidencia de integrar en la junta de gobierno a todos los partidos con representación, incrementando en tres su número de miembros e incluyendo a PP, EU, Ciudadanos e independientes, también salió adelante con la abstención de Compromís. Tortosa echó en cara a Muñoz que le hubiera gustado un «gesto de confianza» en este punto. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV), destacó que se trataba de una petición reclamada desde el inicio de la legislatura y puso énfasis en «la voluntad integradora del PSPV de dejar al margen los signos políticos y trabajar por los municipios». El portavoz del PP, Evarist Aznar, agradeció a la presidenta «el nuevo aire» más participativo dado al organismo, mientras que el de Cs censuró los enfrentamientos del PSPV y Compromís «por repartirse la comida». Tortosa respondió remarcando el esfuerzo por lograr un consenso amplio y dar cabida a todas las fuerzas, como muestra la nueva estructura de las comisiones, que sí se aprobó por unanimidad.

Sin liberados y con más comisiones informativas

La nueva infraestructura de la Mancomunitat surgida del pleno de ayer establece un régimen de indemnizaciones donde los representantes municipales cobrarán 60 euros en lugar de 80 por cada pleno, junta de gobierno o comisión a la que asistan. Además, se suprimen las dos dedicaciones parciales fijadas en 2015 y la actual presidenta no tendrá sueldo. Mª José Tortosa (PSPV) defendió la medida para paliar el incremento del gasto que supone la decisión de integrar a todos los partidos en la junta de gobierno y de elevar a 4 el número de comisiones informativas, formadas por 11 miembros de todos los partidos. Tortosa, que delegará las presidencias de las mismas, asegura que serán «mucho más dinámicas y operativas» y garantizarán un funcionamiento «más efectivo». El alcalde de la Granja (PSPV), se abstuvo en este punto: dejará de cobrar 16.000 euros del ente como liberado.