Ninguno de los 19 ayuntamiento de la Costera figura entre los 214 de toda la Comunitat Valenciana que van a poder acogerse al plan de subvenciones del Consell dirigido a facilitar la contratación de parados para limpiar el monte y paliar la despoblación de las áreas rurales. La convocatoria diseñada por el Servef y la Agencia de Seguridad y Respuesta a Emergencias reserva el destino de los 13 millones de euros consignados para la iniciativa a aquellos municipios situados en «comarcas con áreas con riesgo alto o medio de despoblamiento». Según la información técnica recopilada por la Dirección General de la Administración Local en la que se basa el articulado del programa, la Costera no cumple con este requisito básico.
En localidades como la Font de la Figuera, que dispone de una extensa superficie forestal, la publicación de las bases en el Diari Oficial ha caído como un jarro de agua fría. El anuncio del viernes da un plazo de 7 días a los consistorios para presentar sus solicitudes de adhesión. «No veo ningún sentido a los criterios que se han seguido: en 1930 teníamos 3.400 habitantes y ahora somos 2.109. ¿No es eso despoblación?», pregunta en voz alta el alcalde de la Font, muy molesto con la exclusión.
Vicent Muñoz (Compromís) ha trasladado su inquietud al secretario autonómico de Ocupación y a la dirección de Emergencias, responsables de la línea de subvenciones -incluida en la llamada Agenda Valenciana Antidespoblament- junto a Presidencia de la Generalitat. «Nos sentimos desamparados. La medida parte de una buena voluntad, pero no entendemos porqué a los pueblos de la comarca se nos deja fuera de partida, sin valorar que sufrimos un gran riesgo de incendios y que hemos perdido 1.300 habitantes en 90 años», clama el primer edil.
El término municipal de la Font ocupa una superficie de 8.434 metros cuadrados, de los cuales 4.062 m2 son de tipología forestal. La inmensa mayoría del monte es de titularidad pública. Muñoz advierte de que la localidad precisa de más recursos para acondicionar y mantener la sierra y pone como ejemplo el «mal estado» en que se halla la zona del Capurutxo, una emblemática reserva local de biosfera donde todavía no se han retirado los pinos que se desplomaron con el temporal de nieve de principios de año. La complejidad de acceder a la falda de la montaña y el elevado coste de los trabajos impiden al consistorio llevarlos a cabo, una circunstancia que dispara el peligro de incendio. «Estamos en la frontera con Almansa. Cualquier fuego podría propagarse rápidamente y llegar hasta Moixent o Vallada. Lo lógico sería que se tuviera más sensibilidad con las poblaciones territorialmente estratégicas», incide Muñoz.
Estos municipios de la Costera comparten, junto a otros como Montesa, Barxeta o Genovés, características similares: una extensa superficie forestal en gran medida abandonada cuyos ayuntamientos no son capaces de mantener, índices de paro superiores al 10% y la sombra de la despoblación acechando en el horizonte. «No es de sentido común que todos los pueblos de la comarca se queden fuera de las ayudas», concluye Muñoz, que estudia presentar alegaciones u otras medidas para intentar revertir la situación.
El Área de Medio Ambiente de la diputación acaba de anunciar una inyección de 251.450 euros en una docena de pueblos forestales de la Costera y la Canal para fomentar la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios. Aunque la partida es muy bievenida en los ayuntamientos, sigue siendo insuficiente.
27 beneficiarios de la Canal y la Vall
Entre las 214 entidades locales valencianas que podrán acogerse al nuevo programa autonómico de lucha contra el paro, la despoblación y los incendios figuran un total 21 de la Vall d´Albaida (Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Beinssuera, Carrícola, Bufali, Bocairent, Fontanars, Quatretonda, Llutxent, Montitxelvo, Otos, El Palomar, Pinet, Ràfol de Salem, Salem, Rugat, Terrateig) y seis de la Canal de Navarrés (Bicorp, Bolbaite, Chella, Quesa, Millares, Navarrés).
Hay otras diez comarcas de las tres provincias incluidas en la línea de subvenciones. Disponer de una superficie forestal igual o superior a 25 hectáreas consideradas de alto riesgo de incendio es otro requisito para acceder a las ayudas, así como contar con una población inferior a 5.000 habitantes y estar obligado a redactar un plan de actuación municipal antiincendios, como el que la Font de la Figuera aprobó en 2010.
Las bases de la iniciativa-que solo pueden ser impugnadas por vía contenciosa- contemplan la creación de brigadas de limpieza de cuatro personas, mediante contratos de una duración mínima de seis meses a jornada completa. Los trabajos deberán tener como objetivo principal la reducción de los riesgos poblacionales que van asociados a los incendios forestales, a través de actuaciones que favorezcan la intervención de los medios de extinción.
