10 de junio de 2016
10.06.2016

Bruselas tumba el canon digital que aprobó el gobierno de Rajoy

Los jueces alegan que la actual ley obliga a pagar el canon también a las personas jurídicas

10.06.2016 | 04:15

El Tribunal de Justicia de la UE tumbaba ayer el sistema español de compensación por copia privada o canon digital, aprobado por el Gobierno del PP, al estimar que colisiona con la directiva comunitaria sobre derechos de autor. La sentencia obligará a España a revisar este sistema aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba que trabajarán para hallar «una solución satisfactoria».

Las entidades de gestión de derechos de autor que iniciaron el proceso contra el actual canon celebraron el fallo, que consideran «un espaldarazo a la cultura» y han recordaban que el Estado «tendrá que responder por los perjuicios causados», que calculan superiores a los 400 millones de euros. La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el sistema español, que sustituyó al que aprobó el PSOE, «no asegura que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado por los usuarios de copias privadas». Los jueces comunitarios explican que la actual compensación, con cargo a los presupuestos generales del Estado, está obligando a pagar a «todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas», cuando solo debería ser sufragado por los usuarios de copias privadas.

A su juicio, son exclusivamente las personas físicas «quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos y tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras». Las personas jurídicas, por tanto, «no deberían ser en último término deudoras efectivas» del canon digital.
Ahora, el Gobierno en funciones esperará al pronunciamiento último del Supremo, antes de tomar cualquier medida de reforma del ordenamiento jurídico interno. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), que agrupa a las principales entidades gestoras de derechos de autor, apuesta por utilizar «el modelo vigente en casi todos los países europeos» y reclama que se compense «la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado».

El director de la entidad que gestiona los derechos de los productores (EGEDA), Rafael Sánchez, recordaba que la Secretaría de Estado de Cultura decidió en 2012 «de forma unilateral» que el canon se sufragase con los presupuestos generales del Estado «creando un impuesto indiscriminado para todos los españoles y aumentando el déficit público». Sánchez iba un poco más allá y advertía de que el fallo europeo no solo cuestiona el actual modelo sino también la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que contaba con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

El ministerio apuntaba que cuando se aprobó este decreto-ley de compensación por copia privada, «ya se indicó que se trataba de un sistema transitorio hasta tener una directriz clara por parte de la UE».

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