La palabra «discordia» parece haberse convertido en el apellido del auditorio municipal de la capital del Turia, pues el conflicto amenaza con sobrepasar los muros del Palau para instaurarse en los del consistorio después de que se informara el pasado miércoles sobre los resultados de la auditoría sobre el personal administrativo del Palau, que señala la «sobredimensión» de la plantilla.

«Un año y medio se ha tardado en elaborar esta auditoría, sin que sepamos todavía que medidas concretas se van a adoptar, que recursos se van a emplear y cual va a ser la planificación temporal que se va a desarrollar», aseguró ayer Rosa Albert, la coordinadora de EU, que no cuenta actualmente con representación en el consistorio. Albert exigió la continuidad de todos los trabajadores y tachó de «irresponsable» la actuación de la concejalía de Cultura por convocar una rueda de prensa «sin haber presentado antes el documento íntegro a los representantes sindicales».

«La indefinición de la concejala Glòria Tello respecto a si van a producirse despidos son alarmantes, además de impropias de un gobierno de izquierdas», espetó Albert a tenor de las declaraciones de la regidora, quien no pudo asegurar que no hubieran despidos en un futuro próximo. Además, el grupo municipal ve «muy preocupante» el hecho de que se traslade a la opinión pública «partes sesgadas de un informe que afectan directamente a la plantilla» sin especificar medidas.

Tanto Tello como Vicent Ros, actual director del Palau, trataron de trasladar un mensaje tranquilizador a los 73 trabajadores de administración, que según el informe „que ha costado 19.000 euros al consistorio„ forman parte incluso de «departamentos innecesarios», tal y como señalaron durante la rueda de prensa, en la que también anunciaron la creación de una bolsa de empleo para las actuaciones de la Orquesta de Valencia en las que se requieran más músicos de los 90 que hay en plantilla. Los interesados deberán de presentar las solicitudes antes de mediados de noviembre. Desde el Palau se justificó esta medida ante la imposibilidad de ampliar la formación a causa de la «Ley Montoro».