Cuando el Supremo no condenaba al VCF

Gregorio Martín

 05:30  

Para alguien, poco aficionado al fútbol, que aceptó el encargo procesal de analizar el proceso de ampliación de capital del Valencia CF SAD es impactante que el fallecimiento del respetado Arturo Tuzón coincida con la noticia publicada por Levante-EMV, de que el Tribunal Supremo condena al VCF a pagar a Hacienda 334.000 euros por no haber satisfecho los impuestos del contrato que firmó con Claudio Ranieri, en época de la presidencia de Paco Roig. Esto era impensable con Tuzón, y es un pequeño consuelo que la biología le haya escondido la noticia a un hombre de principios que trasladó la austeridad al Valencia y recuperó la respetabilidad perdida.
El caso Raineri no ha sido, ni es el único de carácter fiscal que amenaza la crítica situación del Club. Desgraciadamente nuestra Justicia es lenta, y lo que ahora es objeto de sentencia, data de hace 14 años, una época en la que campaban en los entornos futbolísticos, empresas especializadas, con la anuencia de los responsables de los clubes, en tareas tan poco edificantes como: que los profesionales cobrasen sus sueldos en forma de traspaso, en facilitar el cobro de comisiones a los intermediarios, en que los dineros fueran directamente a paraísos fiscales, en tratar de forma dudosa los derechos de imagen, etc.. El caso Raineri es una de tantas consecuencias de una campaña de inspección lanzada en el 2000 por la Agencia Tributaria que dio lugar a una secuela de actas que futbolistas y clubes recurrieron, algunas de las cuales han llegado hasta el Supremo, circunstancia que preocupa poco a los extranjeros, que no tienen problema en endosar la totalidad del asunto a los clubes nacionales. Esta actuación del 2000 de la Agencia fue especialmente dura para el Valencia SAD pues incluía la etapa de Paco Roig, con el agravante que sus sucesores no parecían ser mucho mas cuidadosos. Declaraciones de Jaime Orti, en Junio de 2003 ¿Y la deuda con Hacienda?. «Es una solución política, porque los clubes no pueden pagarla… ¿Por qué debe el Estado pagar las deudas privadas? Si el Estado puede permitirse que quiebren todos los equipos, allá él». Una filosofía muy cercana a la desarrollada en el «pelotazo Porxinos» por Bautista Soler. Expresiones que hoy, en plena crisis económica, chirrían en los oídos de los valencianos.
Desde los tiempos del franquismo en los que el deporte profesional carecía prácticamente de un marco normativo simple, hasta la actualidad en que futbolistas y clubes van a ser objeto de resoluciones fiscales y judiciales propias de una sociedad moderna, hay un largo camino. En la transición, los Pactos de La Moncloa no pudieron ocuparse del fútbol, luego vino el Mundial-82 y las deudas asociadas a tantas instalaciones de dudosa utilidad pública. Se planteó un Primer Plan de Saneamiento del Futbol que fracasó, se creó la Liga del Fútbol Profesional (LFP), vino Ley del Deporte del Gobierno de Felipe Gonzalez por la cual un club se podía transformar en SAD (la LFP asumía ciertas deudas, de las que quedaban liberados los clubes que hubieran suscrito convenios sobre deudas con Hacienda, con la seguridad social y con el Banco Hipotecario a Diciembre de 1989). Solo Madrid, Barcelona, At. Bilbao y Osasuna se libraron de convertirse en SAD y es justo recordar que entre los que lo hicieron, solo Español, Real Sociedad y Valencia lo ejecutaron con la única e igualitaria aportación de los socios anteriores (otra aportación de Tuzón, que tuvo que aceptar la SAD).
Luego vendría aquella canalla campaña recriminando a Tuzón su austeridad («Arturo, saca los duros») hasta su dimisión en Noviembre de 1993, que fue seguida de la ampliación de capital capitaneada por Paco Roig, el uso de técnicas contables que la Agencia Tributaria desgranó y el traspaso de acciones a Bautista Soler, en una operación, político- financiera que da por buena una frase del propio Tuzón: «El Valencia será lo que los valencianos quieran». Hay que esperar que no se quiera ser, como ahora se está: un nuevo estadio sin terminar, el viejo con unas hipoteca que Bancaja no sabe como justificar en su actual estado de fusión, y seguir recibiendo sentencias del cariz que, en 1998 un millón de dólares fue objeto de cesiones sucesivas que partieron de una entidad italiana, pasaron por una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las as Antillas Holandesas, para terminar en el Valencia, y que el club no tributó (el pago del derecho a contratar a Ranieri en realidad fue una simulación para no pagar impuestos, Supremo dixit).
En homenaje a la coherencia de Tuzón, quizás sea mejor un Valencia SAD low cost pero honrado, que siga jugando bien, como le había ocurrido en este inicio de temporada.

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