Bankia presentó el pasado miércoles un recurso de apelación al TSJCV contra la sentencia en la que se anulaba el aval que el Instituto Valenciano de Finanzas otorgó para que la entidad financiera, entonces Bancaja, aportara los 75 millones de euros (ampliados hasta 81) a la Fundación Valencia CF, y que fueron claves para que el club pudiese completar la ampliación de capital de 2009. El impago de los primeros 4,8 millones en concepto de intereses por parte del patronato colocó a la Generalitat como propietaria virtual del club, una obligación que el Gobierno valenciano creía trasladar a Bankia tras la sentencia. La personación del banco se supo ayer, un día antes de que expirara el plazo del que disponía el IVF para presentar recurso a la mencionada sentencia.

Este nuevo capítulo coincide con la guerra fría desatada por el control del club entre el consejo de administración de Manuel Llorente y la nueva Fundación designada por el Consell para controlar la gestión de la directiva. El objetivo de Bankia es claro, y pasa por que la Generalitat reponga el aval a la Fundación.

En su batería de alegaciones, Bankia reclama la nulidad procesal por no haber podido defenderse en el proceso al no ser emplazada, por «la falta de legitimación activa» de los demandantes, que denunciaron al IVF por considerar que se vulneraron sus derechos en el proceso de suscripción de acciones en la última fase de la ampliación de capital de 2009. También se considera que el juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia «no es el órgano jurisidiccional llamado a enmendar los errores „inducidos o no„ de la Comisión Europea». En el recurso, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri indica que, como sucesora de Bancaja, debió ser parte de un proceso en el que sufrió «la pérdida completa de la capacidad de defensa», con «grave afección a los derechos e intereses» de sus accionistas, circunstancia que debería dar lugar «a la nulidad de la sentencia». Bankia considera que su indefensión material «fue evidente», al no haber tenido «noticia alguna» del proceso, del que se entró «por la prensa». Desde Bankia se lamenta que no se pudo presentar alegaciones ni promover pruebas ni defenderse frente a un recurso «que tan gravísimas consecuencias puede tener en su esfera jurídica, al poder perder una garantía del cobro de un préstamo de 75 millones de euros». El hecho de que el cobro esté garantizado con otros bienes, en alusión a las acciones del Valencia, no acontenta a Bankia, que afirma que la «liquidez y objeto» de los títulos «no son en modo alguno comparables» con el péstamo.

Bankia considera que cuando un ente público «otorga un aval a una fundación de interés general», lo que no es posible es «dejar sin efecto ese compromiso otorgado con la única finalidad de que una entidad financiera conceda un préstamo a una fundación que de otra manera no se hubiera otorgado». El banco defiende al IVF, del que no cree que haya «desposeído a nadie de sus derechos. Simplemente se ha limitado a avalar un préstamo».

El Gobierno niega que el Consell sea dueño de los clubes

El Gobierno consideró ayer que la Generalitat no es oficialmente dueña de los clubes de fútbol que avaló a través del IVF, y que por tanto no hay incumplimiento de la Ley del Deporte, pero sí le recuerda que, en materia de gasto público, «la equidad debe regir la actuación de todas las Administraciones públicas». La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, preguntó al Gobierno de Mariano Rajoy si considera «ético» rescatar con dinero público entidades de fútbol teniendo en cuenta la situación que atraviesa la Comunitat Valenciana. «En cuanto a la opinión o consideración que desde el plano ético merecen este tipo de operaciones financieras, el Gobierno considera que en materia de gasto público la equidad debe regir la actuación de todas las Administraciones públicas», sostiene, el Ejecutivo, dejando entrever ciertos reparos. europa press madrid