La denuncia que el PSPV ha presentado en Fiscalía sobre la compra de Valmor por parte de la Generalitat incluye el contrato de prórroga de las pruebas de Fórmula Uno en Valencia por diez años, que según la diputada Eva Martínez demuestra que no era necesaria esta adquisición.
Martínez ha hecho público este documento en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts Valencianes, durante una comparecencia del vicepresidente del Consell, José Císcar, sobre la aplicación de la ley de Transparencia.
Según la parlamentaria socialista, ese documento, firmado un día antes de que Francisco Camps dimitiera como president de la Generalitat el 20 de julio de 2011, incluye a la Administración autonómica, que era copromotora del Gran Premio desde 2009, "como garante y avalista de todas las obligaciones".
Esto significa, según ha explicado en los pasillos de Les Corts, que la Generalitat podía decidir sobre el Gran Premio automovilístico sin necesidad de comprar Valmor, puesto que ya desde 2009 se encargaba de pagar el canon, a través de la Sociedad de Proyectos Temáticos, y tenía los derechos de organización.
Además, ha señalado que aunque el contrato por el que se prorroga la competición por diez años se firma en julio de 2011, sus efectos tienen validez desde diciembre del año anterior, por lo que la competición se celebraría hasta 2020.
Martínez ha destacado que este documento, que hasta ahora "estaba oculto", es uno de los que los socialistas han incluido en la denuncia que han presentado en Fiscalía contra todas las personas que formaban parte del Gobierno valenciano cuando se aprobó la compra Valmor, en diciembre de 2011.
Considera que la compraventa de esta empresa "tiene indicios y pruebas evidentes de que todos y cada uno de los miembros del Consell podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos", al destinar dinero público a comprar una empresa "que arrastraba una deuda de más de 34 millones".
Martínez ha denunciado que toda la Fórmula Uno ha perjudicado los intereses de la Comunitat Valenciana, pues, según ha destacado, son cerca de 300 millones de euros los que se han gastado en este gran acontecimiento.
Por su parte, el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha afirmado que no existe "ninguna preocupación" en el Gobierno autonómico por esta denuncia, pues las actuaciones llevadas a cabo para la adquisición de esta empresa están "totalmente avaladas".
Císcar ha insistido en que la adquisición de Valmor era la mejor opción, puesto que la alternativa era no celebrar la prueba y pagar 71 millones de dólares de indemnización, según establecían las relaciones contractuales entre la Generalitat, la Fórmula Uno y Valmor.
Ha señalado que no sabe si esa penalización estaba incluida en el contrato inicial de la competición, firmado en junio 2007, o en otros posteriores, pero de lo que está seguro es de que no fue el contrato de prórroga el "responsable de establecer esa indemnización".
