La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) decidió ayer llevar a los tribunales a las Administraciones Públicas, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, para exigir la devolución de los adelantos que las concesiones han efectuado en el marco del Plan 2000E de ayudas a la compra de coches. Reclaman un total de 13,9 millones de euros (2,31 millones de euros en el caso de la Comunitat Valenciana). Las administraciones públicas, según constata la citada organización patronal, no reconocen esta deuda, provocada por un sistema de gestión que obligaba a las concesiones a adelantar las ayudas al cliente. Si se suman las operaciones pendientes de pagos (5,86 millones), la deuda con los concesionarios valencianos se eleva a 8,10 millones, indica el informe de la organización que en la C. Valenciana representa Manuel Palma.
Unas doscientas pymes de automoción se reunieron en la sede de la CEOE para coordinar las reclamaciones para el reintegro de las ayudas oficiales del Plan 2000E que las concesiones han adelantado a los clientes. Al abrirse el sistema para tramitar el reembolso de las ayudas el pasado 25 de marzo, con un retraso de 85 días sobre la fecha de apertura prevista en el Real Decreto regulador del Plan 2000E, los concesionarios no pudieron grabar 11.880 operaciones (1.142 en el caso de la Comunitat Valenciana) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria y 16.095 (3.493 en la C. Valenciana) con cargo al presupuesto de la Generalitat.
La patronal de los concesionarios considera que el Gobierno es el causante de este problema financieros, al haber diseñado un sistema de gestión del Plan 2000E que exigía a los concesionarios adelantar las ayudas a los compradores por cuenta de la Administración. Las concesiones no supieron con antelación si habría partida para las operaciones que estaban realizando con cargo al Plan, porque el sistema se abrió cuando se había comprometido más del 70% del presupuesto de Industria y de las autonomías.
150.000 ventas menos
La patronal considera que el Gobierno no tiene la voluntad de prorrogar el Plan 2000E. Según las previsiones de Faconauto, la no renovación del programa de incentivos (500 euros por la compra de un coche, más otros 500 de las autonomías) supondrá la pérdida de 150.000 ventas en el segundo semestre del año y la destrucción de 10.000 puestos de trabajo en las pymes de la red de distribución. El Estado dejará de ingresar por ello 480 millones en impuestos.
