FACUA-Consumidores en Acción solicitó ayer a la Fiscalía de Badajoz que investigue si una de las empresas de la familia Ruiz Mateos, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa),con domicilio social en Mérida, ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías. La asociación de consumidores considera que Carcesa utilizó el dinero de los inversores para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa.

Al parecer, el número de inversores afectados por los pagarés podría acercarse a los 5.000 en los últimos dos años. En la primera emisión, que se lanzó el 23 de febrero de 2009, coincidiendo con el aniversario de la expropiación de Rumasa, Carcesa logró captar alrededor de 70 millones de euros. El folleto de la emisión aseguraba: "Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de empresas, teniendo en este momento en estudio la compra de varias sociedades que representan auténticas oportunidades de negocio". Los pagarés prometían un interés del 8 % y un plazo de vencimiento de un año desde la fecha de su publicación.

Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de Apis y Fruco sólo compró Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros.

Durante ese año, Carcesa aprovechó para reducir con varias entidades financieras su deuda, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo, como lo indica en su informe la firma de auditoría Garrido Auditores.

Carcesa es una de las diez empresas de la familia Ruiz Mateos que han solicitado el preconcurso de acreedores para negociar un plan de pagos durante cuatro meses y evitar ser declarada en suspensión de pagos.

Por otra parte, algunos de los afectados por las pagarés han comenzado a organizarse. El despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados de Granada ya trabaja con un grupo, denominado "Plataforma de afectados Nueva Rumasa", que actualmente representa a unas 800 personas. El director del departamento mercantil de este despacho, Enrique Sanjuán, señaló que se han encontrado "ante una serie de personas muy asustadas" y que algunas de ellas han invertido "el único patrimonio y los únicos ahorros que tenían".

Otro despacho, V-Asociados, ha recibido más de un centenar de consultas de inversores sobre los procedimientos preconcursales iniciados. También el bufete barcelonés Jausas Jordi Ruiz, que agrupa a un centenar de inversores, prepara acciones judiciales.

Los procedimientos concursales solicitados por Nueva Rumasa para diez de sus mayores empresas están repartidos por juzgados de cinco autonomías: Madrid (Clesa y Rayo Vallecano), Andalucía (Dhul y Garvey) , Castilla y León (Elgorriaga, Trapa y Hibramer), Extremadura (Carcesa) y Baleares (Queserías Menorquinas).

La dispersión de estos procesos favorecerá a los pequeños acreedores (proveedores y trabajadores), pero perjudicará a los inversores en pagarés y a las entidades financieras. Las posibilidades de acumular los procesos parecen remotas, puesto que Nueva Rumasa no es un grupo empresarial, ya que no consolida cuentas anuales y carece de una matriz sobre el resto de sociedades.