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En apenas cuatro años los consejeros de la CAM pasaron de no cobrar prácticamente nada por representar a la entidad en los consejos de administración de sus filiales a recibir un mínimo de 20.000 euros anuales por cada una de las sociedades en las que participaban. Así se deduce de la información proporcionada por la diputada de Compromís Mireia Mollà en base a la documentación a la que ha tenido acceso como miembro de la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la entidad alicantina.
Fue a finales de 2005 cuando los máximos responsables de la CAM -que entonces dirigía Roberto López Abad y presidía Vicente Sala- decidieron acabar con el carácter "honorífico y gratuito" que en teoría tiene la pertenencia al consejo de administración o la comisión de control de la caja y articularon un sistema para saltarse las limitaciones que la normativa autonómica impone a la remuneración de estos cargos. Para evitar las restricciones se dio cabida a los consejeros en los órganos de gobierno de varias participadas en las que se establecieron generosas dietas.
