La denuncia presentada por la Fiscalía contra el presidente de la APV, Rafael Aznar, y otros tres directivos (Juan Antonio Delgado -subdirector comercial, de estrategia y desarrollo corporativo-, Ignacio Pascual -director de infraestructuras- y José Antonio Morales -técnico del departamento económico y financiero-) por cobrar "retribuciones complementarias indebidas" no han sido consideradas como posibles delitos por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.
La declaración de la interventora del Estado también se ocupó de en la gestión de la empresa Valencia Plataforma Intermodal y Logística (la que gestiona la zona de actividades logísticas). En la denuncia que llegó al juzgado se expuso que tanto Aznar como otros dos altos cargos de la autoridad portuaria recibieron por sus trabajos en esta sociedad 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos.
Aznar pactó la devolución de dicha cantidad durante el último año, así como Delgado y Morales, mientras que Pascual está "en proceso de devolución de los fondos", según informaron ayer a este diario fuentes judiciales. La Intervención General del Estado sostiene que no ha habido perjuicio económico porque estas cantidades se han devuelto o están en vías de devolverse. Estas retribuciones fueron aprobadas por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y declaradas a la Agencia Tributaria. Aznar compatibilizó sueldos y dietas de dos organismos públicos por 117.000 euros anuales. En 2012 se rebajó el salario un 13 % respecto al año anterior, es decir hasta 104.657 euros.
Sin salvedades
La Intervención del Estado también aseguró ayer en el juzgado que las "recomendaciones" realizadas la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre VPI Logística se han cumplido siempre y en todo momento durante los últimos ejercicios. Esta es una mercantil de reciente constitución y sin apenas actividad, por lo que la auditora pública ha tenido poca ocasión de revisar sus cuentas de explotación y balances durante los últimos años. Con todo, la APV ha tenido que asumir 11 millones de euros en pérdidas por la gestión de la ZAL durante el último ejercicio.
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