La privatización de algunas tareas de intermediación laboral del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) conllevará un importante negocio para la entidades colaboradoras de la administración pública autonómica, ya que recibirán entre 300 y 3.000 euros -a través de fondos que recibirán del Gobierno central- por cada parado al que encuentren trabajo. Así consta en el acuerdo marco que ha suscrito el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con las agencias de colocación que colaboren con los servicios públicos de empleo -al que también se ha sumado la Generalitat Valenciana- para impulsar la inserción de personas desempleadas en el mercado.
El Gobierno central ya ha reservado una partida de 200 millones de euros durante dos años (prorrogables otros dos) para repartir entre las autonomías que han dado el visto bueno al citado acuerdo marco con las agencias de colocación, un sector dominado sobre todo por las grandes empresas de trabajo temporal (ETT). La partida de subvenciones se produce en pleno proceso de reestructuración y entrada de firmas privadas en instituciones en la gestión de servicios del Servef , cuyo Plan Estratégico 2020 -tal como ayer avanzó Levante-EMV- ultima el Consell con patronal y sindicatos mayoritarios y que dará entrada a las agencias de colocación (ya hay más de un centenar autorizadas) en tareas de intermediación, formación, orientación e inserción laboral.
La mayor parte de la comunidades autónomas españolas se han adherido al programa de choque ha diseñado el Gobierno para dar entrada a entidades privadas en estos entes públicos para intentar paliar las alarmantes tasas de desempleo. Las ayudas económicas por encontrar trabajo serán más elevadas cuanto mayor sea la persona parada y más tiempo se encuentre el situación de desempleo. Se ofrecerá una compensación de hasta 3.000 euros por cada parado de larga duración (más de dos años sin ocupación) y mayor de 55 años que acceda al mercado. Mientras tanto, las compensaciones serán de 300 euros por ocupación para un menor de 25 años y que esté entre tres y seis meses. Estas subvenciones no se recibirán si la agencia de colocación recibe alguna remuneración del empleador.
El pliego de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas incluye unos precios máximos a las agencias que acudan a la licitación de este servicio, si bien las tarifas a cobrar por la inserción de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo podrían ser menores.
El convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y la administración autonómica fue ratificado recientemente por el conseller de Economía, Máximo Buch, y la dirección general de del Servicios Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín.
Las agencias privadas de colocación también percibirán un incentivo por notificar que un trabajador incumple sus obligaciones, como el haber cometido fraude en el cobro de prestaciones. En el caso de posible delito, tras la denuncia de la agencia, el Servicio Público de Empleo Estatal procedería a comprobarla con una inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15 % de lo que habría percibido por colocar al trabajador.
