El secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Carlos Arce, tendrá que declarar el próximo mes de enero en los juzgados tras la presentación de varias querellas por posible delito de prevaricación tras el bloqueo de 30.000 expedientes en la Comunitat Valenciana (180.000 en el conjunto de España) y la cesión de una parte de las gestiones de este organismo público al grupo Tragsa. Los atrasos del ente público dependiente del Ministerio de Empleo que ha pagado 3,5 millones de euros a la citada firma de servicios para intentar desatascar el papeleo y su elevada carga de trabajo impiden abonar salarios e indemnizaciones a unos 60.000 trabajadores valencianos de empresas insolventes, en algunos casos, desde marzo de 2012.
El presidente de la Asociación por la Defensa de las libertades y derechos sociales y civiles, Ricardo Cano, uno de los querellados contra el citado alto cargo de la administración del Estado, atribuye las demoras del Fogasa «a un deterioro claro y buscado a propósito para justificar la privatización de dicho servicio». Según el responsable de la citada asociación el Fogasa, «viene intencionada y maliciosamente retrasando el pago de sus prestaciones hasta veinte meses o más, sobre todo cuando se trata de grupos, mientras que se resuelven en plazo expedientes posteriores individuales de pequeña cuantía». Este abogado laboralista advierte de que gran parte de estos procedimientos se señalan para juicio con dos años de demora desde la presentación de la demanda por parte de los trabajadores afectados ante la avalancha de crisis empresariales. La junta de personal del Fogasa en Valencia denunció recientemente que los 26.000 casos enviados a Madrid han desaparecido de los ordenadores de los funcionarios de la sede valenciana, lo que impide ofrecer información sobre los documentos tramitados entre marzo de 2012 y septiembre de 2013. Esta situación provoca una gran indignación entre los trabajadores afectados por esos impagos.
Pendientes de cobro
El Fogasa todavía adeuda unos 250 millones de euros en concepto de salarios e indemnizaciones en la C. Valenciana. La situación de esta administración del Ministerio de Empleo puede complicarse todavía más a principios de 2014 al concluir varios puestos de trabajo eventuales este mes de diciembre. A la vista de la situación, el CSI·F, según denunciaba recientemente, considera necesario el mantenimiento de los ocho puestos de trabajo de administrativo que concluyen contrato en la oficina del Fogasa el próximo 31 de diciembre. Además, la central pide el restablecimiento de una cita previa telefónica gratuita para que los empleados afectados por crisis empresariales puedan ser atendidos por dicha administración.
Tragsa tramita casos de una veintena de sucursales del Fogasa de toda España, entre las que se incluyen las de Madrid y Barcelona, cuyas oficinas también sufren un considerable retraso en la resolución de expedientes de empresas en crisis económica. Esta mecantil pública no resuelve documentos, ya que solo los tramita y aporta mejoras técnicas.
Otra reforma del Fogasa que pondrá en práctica el Gobierno central a partir del 1 de enero de 2014 elevará un 40 % los costes del despido en las pequeñas y medianas empresas de menos de 25 trabajadores, que representan el 95 % del tejido de la C. Valenciana.
