La declaración de la renta va a llegar este año con sorpresa para los casi 32.584 valencianos que el año pasado se acogieron a las ayudas que concede el Gobierno para incentivar la compra de automóviles a través de los denominados planes PIVE. Aunque muchos de los beneficiarios lo desconocen, los 1.000 euros de la aportación estatal en cada operación se contabilizan como ganancia patrimonial del contribuyente, lo que obliga a presentar la declaración aunque por su nivel de ingresos no corresponda y también a tributar por esta cantidad en base al tipo general que se le aplique.
Es decir, un ciudado que pague un 24,75% de IRPF -el mínimo establecido- tendrá que abonar de más o verá reducida su devolución en 247 euros y así sucesivamente, según el tipo que le corresponda, hasta el máximo del 54% por el que se tributa en la Comunidad Valenciana.
«Mucha gente no lo sabe y, además, las subvenciones tampoco suelen aparecer en los datos fiscales, por lo que no sería nada extraño que el contribuyente hiciera la declaración sin incluirlo y luego le llegara una revisión, con su correspondiente multa, como ha ocurrido en otras ocasiones», advierte la coordinadora del gabinete de estudios de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, Carolina Verdés.
A esto hay que sumar todas las personas que, simplemente, ignoran «que tienen que hacer la declaración por este motivo» y que también pueden ser sancionadas, insiste la experta. En este sentido, todo depende de la honestidad del vendedor del concesionario y de la información que facilitara en el momento de la venta. En el peor de los casos, según la portavoz de los asesores fiscales, la contabilización de estos 1.000 euros puede incluso provocar que el afectado suba de tramo de ingresos y tenga que pagar más por el conjunto de sus ganancias, con lo que las ayudas para la compra del coche le habrían resultado realmente caras.
Aunque el primer plan PIVE se aprobó en el otoño de 2012, fue durante el año pasado cuando se concedieron el grueso de las ayudas otorgadas hasta el momento. Por otra parte, la próxima campaña de la renta, que arrancará el 1 de abril con la posibilidad de solicitar el borrador, también trae novedades para los que hayan ganado dinero con la compraventa de acciones. Hasta ahora todas las plusvalías que se conseguían por esta vía tributaban en la base del ahorro, con un tipo de entre el 21% y un 27%, pero el Gobierno decidió que si esas ganancias se generaban en menos de un año -es decir, si la compra y la posterior enajenación de los títulos se producía en el mismo ejercicio- pasarán a tributar por el tipo general que se le aplique al contribuyente, generalmente más elevado. Aunque la intención del Ejecutivo era frenar las operaciones especulativas, que estaban hundiendo la cotización de la banca, la medida también puede suponer un quebranto significativo para muchos pequeños inversores que confían en la Bolsa para rentabilizar sus ahorros, explica Verdés.
Pocas deducciones
Los asesores fiscales también censuran la supresión de deducciones -el año pasado fue el primero en el que no se pudo desgravar la compra de la vivienda habitual- y, en especial, el «escaso impacto real» de las correspondientes al tramo autonómico del IRPF. En este sentido, por ejemplo, señalan que la Generalitat mantiene la posibilidad de desgravarse hasta el 5% de la cantidad que amorticen los menores de 35 años en sus préstamos para la compra de una casa, pero exige que los beneficiarios no superen unos ingresos anuales de 14.910 euros.
