Más de la mitad de la factura española de la electricidad se debe a «costes de política pública», según un informe presentado ayer en Madrid elaborado por el responsable de investigación del Oxford Institute for Energy Studies, David Robinson. Robinson indica que, por cada 100 euros en el recibo de la luz para consumidores domésticos, cerca de 51 provienen de impuestos, gravámenes y otros conceptos introducidos por los gobiernos para financiar las políticas públicas.
Esta circunstancia, a la que el experto denomina «cuña gubernamental», es la que convierte a España en uno de los países de la Unión Europea (UE) que mayores cargas soporta por los distintos conceptos incluidos en los recibos que pagan los pequeños consumidores.
El resultado de las políticas aplicadas es que España tiene uno de los precios eléctricos para usos domésticos más alto de la Unión Europea, a pesar de que sus costes en cuesstiones como la distribución o la generación están entre los más bajos de la UE.
El informe aboga también por alcanzar los objetivos medioambientales mediante la competencia y por que las políticas públicas se financien con recursos ajenos a las tarifas eléctricas.
Además, el estudio señala que entre el segundo semestre de 2007 y el primer semestre de 2013, los precios para los consumidores domésticos aumentaron un 59,1% en España.
