El juzgado de Instrucción número dos de Paterna ha imputado a trece personas en la causa abierta por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos en el Instituto Tecnológico de la Óptica y la Imagen (Aido). Entre los imputados figura gran parte del equipo económico del director del centro Emilio Pérez, al que ayer dejó en libertad provisional sin fianza pero con la obligación de comparecer periódicamente y una medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la empresa, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia.
Pérez declaró ante el juez de Paterna por la mañana, tras pasar la noche en la Comisaría de Zapadores. Según fuentes de la investigación reiteró su inocencia y negó que hubiera irregularidades penales en la gestión de los fondos públicos.
Muchos trabajadores de Aido conocerán probablemente la próxima semana su obligación de comparecer también en calidad de imputados ante el juez. Ayer, entre el personal de la entidad se desconocía sobre quiénes ha puesto la lupa el juez. Aido tiene dividida el área económica en dos departamentos, el de administración y el de control y justificación de proyectos. Precisamente la causa judicial indaga en la irregular justificación de proyectos subvencionados con fondos europeos por un millón de euros. Además ha puesto en revisión las ayudas recibidas desde 2005, por un volumen total de 28 millones de euros. La investigación se inició a raíz de una denuncia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y alcanza a las subvenciones con cargo a fondos Feder, Fondo Social Europeo y las que concede la propia Generalitat, según admitió ayer la propia Aido en un comunicado.
El Ivace remitió el año pasado al ministerio público diferente documentación al respecto, y este organismo decidió abrir una investigación, que se saldó anteayer con registros en la sede por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y con el arresto del director de la empresa, que ha quedado en libertad provisional con orden de alejamiento del Instituto. Toda la causa está bajo secreto de sumario.
La portavoz de la Generalitat y consellera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, María José Català, aseguró ayer que el Gobierno valenciano «ha tomado todas las medidas que tenía que tomar» sobre Aido. También indicó que «una situación puntual sobre uno de los institutos tecnológicos no tiene por qué hacerse extensible al resto de institutos tecnológicos que han trabajado con eficiencia».
La relación entre el Ivace y Aido está muy deteriorada desde el verano del año pasado, cuando los representantes del Consell en el consejo rector se negaron a firmar las cuentas de 2013 del organismo. El Ivace cuestionó también la justificación de un millón de euros en ayudas sobre un convenio marco de 1,7 millones y abrió un expediente de minoración que asfixió aún más financieramente al centro.
«La primera en tomar medidas»
La cuerda se rompió en diciembre del año pasado, cuando el director del Ivace Joaquín Ríos y otro representante dimitieron como miembros del consejo rector. María José Catalá aseguró ayer que la Conselleria de Economía «ha sido la primera en tomar medidas respecto esta situación», y explicó que, el 27 de noviembre de 2014, la Generalitat presentó un escrito ante la Fiscalía, en el que informaba de las irregularidades detectadas en la justificación de los proyectos del año 2013 de Aido.
