Entre las muchas reuniones que el nuevo conseller de Economía, Rafael Climent, se ha puesto en la agenda para el mes de septiembre hay una con el presidente de Feria Valencia, José Vicente González. El encuentro debería servir para desatascar o, al menos, abrir una vía alternativa al plan de reestructuración que el dirigente patronal y el equipo directivo de Feria Valencia que encabeza Enrique Soto elaboraron antes del cambio de Gobierno. Este plan pasa por modificar los estatutos de la fundación para dividir el patrimonio ferial y su pasivo, que quedaría en manos de una empresa pública propiedad de la Generalitat, de la gestión del negocio.
El proyecto está ahora mismo bloqueado por el nuevo Consell, que lo considera una herencia más del Partido Popular y lo ha puesto en revisión. El aspecto que más chirría a los nuevos gestores es que el proyecto pasa por dar entrada a un socio privado en la pata dedicada a la organización de certámenes y la explotación comercial, una privatización en toda regla. El conseller de Economía ya ha expresado en algunos foros que no es partidario de ceder la gestión de la Feria a manos privadas, una opinión que ha generado inquietud en el entorno de la institución por cuanto supone dejar en el aire una reestructuración que pretendía mejorar la capacidad de generar ingresos.
«No se trata de buscar un operador, sino de encontrar un socio que sea capaz de generar actividad más allá de los certámenes que ya tenemos como el Hábitat y Cevisama», señalan fuentes cercanas al recinto.
Uno de los aspectos que más inquieta a los empresarios vinculados a la gestión de Feria Valencia es que el Consell tampoco ha hecho amagos de contar con una alternativa que permita frenar la sangría de pérdidas (5,8 millones el año pasado, según la memoria de 2014 depositada en el Registro Mercantil). La institución soporta una deuda de más de 550 millones de euros procedente en su mayor parte de unas obras de ampliación plagas de sobrecostes. La Generalitat, en virtud de los acuerdos suscritos con los gobiernos del Partido Popular, es avalista y responsable última de ese pasivo (222,6 millones en obligaciones y 283 millones en deuda directa con bancos, sólo a largo plazo). Por esta razón nutre cada año de más de15 millones de euros el balance con subvenciones y aporta además desde el Instituto Valenciano de Finanzas instrumentos de cobertura en forma de avales para sostener gasto corriente y tapar agujeros. La Administración Pública mantiene a Feria Valencia con respiración asistida, pues su cifra de negocio (16,1 millones el año pasado) ni siquiera cubre los gastos de explotación.
La solución a la tragedia financiera de una institución que antaño simbolizaba a las virtudes de la industria manufacturera local sigue sin concretarse y costando dinero a los contribuyentes. El plan del actual equipo gestor de Feria está ahora bajo la lupa de la Abogacía de la Generalitat, pendiente de informar. En el recinto confían en que si los letrados autonómicos avalan la legalidad del mismo se allane el camino para su puesta en práctica y se convenzan tanto Climent como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, del que también depende dar luz verde al proyecto.
En caso contrario, los nuevos inquilinos del Palau, con Ximo Puig a la cabeza, tendrán que explicar si es que tienen un as en la manga hasta ahora escondido.
