Intersindical Valenciana ha pedido al Consell que derogue la «ley de participación institucional» aprobada por las Corts Valencianes en la pasada legislatura, puesto que consideran que «no es más una norma para financiar discrecionalmente a los sindicatos CC OO y UGT y a la patronal Cierval». Según informó ayer el sindicato, se trata de una financiación «sin ninguna justificación ni en un proceso objetivo de concurrencia de todas las organizaciones sindicales y patronal que existen en el País Valenciano».
Por ello, reclamó al Consell que destine los 5,2 millones de euros que se tendrían que repartir entre esas tres entidades a las políticas sociales y a un fondo para la atención de las personas refugiadas que llegan al país. Intersindical rechaza la Ley de Participación Institucional al considerar que las organizaciones sindicales y patronales no tienen que recibir dinero por su acción institucional ni por otras tareas similares sino en base a los delegados obtenidos en los procesos electorales. Financiar la asistencia a órganos como el Comité Económico y Social o determinados programas formativos es, a su juicio, «una manera encubierta» de financiar los sindicatos y la patronal.
