15 de diciembre de 2015
15.12.2015
Tribunales

El presidente de Aido reveló en un correo que Buch le admitió que la denuncia a Fiscalía fue «un error»

Los responsables del instituto tecnológico intentaron convencer al Ivace para que retirara la demanda y salpican al exconseller

15.12.2015 | 04:15
El presidente de Aido reveló en un correo que Buch le admitió que la denuncia a Fiscalía fue «un error»

«La decisión de dar parte a la Fiscalía no ha sido una decisión acertada (...) Ya lo comentó el conseller, Máximo Buch, y el secretario autonómico, José Monzonís, en reunión con el presidente de Aido. Fue un error esa actuación». La confidencia la realizó el director del Instituto Tecnológico Asociación Industrial de la Óptica y la Imagen (Aido), Emilio Pérez Picazo, al presidente del consejo rector Rafael Arturo Ros Simó, en un correo electrónico interceptado por la Policía Judicial durante el registro de Aido, el pasado 4 de junio.

Tanto Pérez Picazo como Ros están imputados en la causa que investiga un supuesto fraude de subvenciones en Aido, tras la denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Ambos muestran su preocupación en la documentación incautada por los investigadores ya que, a los problemas económicos del instituto tecnológico (que ya ha cerrado sus puertas) se unía en aquel momento las pesquisas judiciales que acabaron con la imputación de la cúpula directiva de Aido.

De hecho, ambos responsables intentaron convencer a Joaquín Ríos Casanova (antiguo director del Ivace) para que retirara la denuncia presentada ante la Fiscalía por un presunto fraude en las subvenciones europeas recibidas. Los responsables de Aido incluso pergeñaron la fórmula para justificar esta sorprendente marcha atrás en la demanda. «Se puede corregir con escrito a la Fiscalía, donde determina que se han aclarado las irregularidades con las alegaciones y las aclaraciones aportadas y, por tanto, queda en un plano meramente administrativo no aceptar ciertos costes por razones administrativas de informe insuficiente o gasto tomado como inversión y demás razones de índole administrativo, y no irregular que suponga una asunción de un delito» , sugiere el ingeniero industrial, Emilio Pérez, a Rafael Arturo Ros, como reflexión previa ante la reunión de este último directivo de Aido con Joaquín Ríos, celebrada el 26 de mayo de 2015. «Ya sabes que lo que está en negrita y con letra más grande sería el mensaje o la petición al director general para que actúe».

Los investigadores se sorprenden de este comentario entre ambos imputados y destacan que barajen «apartar a la Fiscalía del asunto, dado que la investigación puede afectar a todo el sistema, pues todos los institutos tecnológicos funcionan igual».

Emilio Pérez Picazo remachaba esta opinión en otro comentario incluido en este mismo correo electrónico: «En Aido no se hace nada diferente que en otros institutos tecnológicos», en referencia a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) creados para ayudar al desarrollo empresarial a través de estos centros de I+D+i.

A pesar de la tentativa de los directivos de Aido para que se retirara la denuncia, la maquinaria judicial puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna y la Unidad de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ya era imparable.

Nueve días después, el juzgado ordenaba la entrada y registro en el Instituto Tecnológico Aido, que acabó con la detención de Emilio Pérez. Los investigadores consideran que los responsables del centro con sede en Paterna habrían cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos, un delito continuado de estafa y un delito de fraude de subvenciones.

La denuncia inicial del Ivace alertaba sobre el mal uso de 284.558,85 euros defraudados en las ayudas recibidas por Aido en 2013. La entidad, sin ánimo de lucro, ha recibido importantes subvenciones públicas desde 2004 hasta 2014 por un importe global de 32 millones de euros. Tras un año de pesquisas, los investigadores han ido tirando del hilo y consideran que «las prácticas fraudulentas podrían extenderse hasta 2008 en adelante» y ha conseguido acreditar un fraude de 4 millones de euros. La cifra aún no es definitiva ya que los investigadores analizan con lupa los expedientes de los 32 millones de euros en ayudas recibidas.

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