El pleno de la Cámara de Comercio de Valencia autorizó el pasado lunes remitir a la Conselleria de Economía Sostenible una propuesta para la constitución de una sociedad limitada unipersonal con un capital social de 3.000 euros que permitirá en un futuro a la corporación segregar los servicios que presta en régimen privado.
Fuentes de la Cámara explicaron ayer a este diario que la iniciativa viene marcada por la nueva ley del sector, que prevé que estas entidades separen los ingresos privados de los que tienen origen público en un ejercicio de «transparencia» que pretende que con el dinero procedente de convenios con administraciones públicas no se financien actividades privadas.
La citada legislación establece que las cámaras deben seguir prestando servicios no rentables como la promoción exterior o el apoyo a la creación de empleo. Sin embargo, dado que consagra la desaparición del recurso cameral permanente, es decir, las cuotas que abonaban anualmente las empresas, insta a estas corporaciones a financiarse además mediante servicios privados, como la consultoría o la formación empresarial, si bien ambas cuentas deben estar separadas.
