La Fiscalía ha dirigido un informe a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que plantea que «ha lugar la demanda» presentada por CSI·F, SI, Intersindical y USO contra la ley de participación institucional de la Generalitat. En el mismo documento defiende la «nulidad» de los artículos que conculcarían la Constitución en el decreto que aprueba el Reglamento de la Ley 8/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.
Los cuatro sindicatos minoritarios presentaron un recurso contencioso administrativo a finales de año pasado contra el Consell por «vulneración de los derechos a la igualdad y la libertad sindical». La medida fue adoptada debido a que el reglamento concentra todos sus efectos en UGT y CCOO, sin tener en cuenta la representatividad del resto de fuerzas sindicales, señala CSIF en un comunicado. Los dos grandes sindicatos reciben ayudas por representación institucional en virtud de esa ley.
El escrito de Fiscalía explica que «la Constitución reconoce la libertad de creación de sindicatos y la libertad de estos en el ejercicio de su actividad, sin que las administraciones públicas puedan interferir o alterar, con su intervención, la libertad o igualdad en el ejercicio de su actividad sindical o discriminar a algún sindicato de modo arbitrario o irrazonable».
El mismo documento subraya que «el Tribunal Constitucional estableció en sentencia que la promoción de los trabajadores se atribuye por la Constitución Española a todos los sindicatos sin distinción». Además, especifica que «toda actuación de la Administración injustificadamente limitada a los sindicatos más representativos incidirá en el orden competitivo».
