La Audiencia Nacional ha pedido a los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Baleares, Galicia y Andalucía, así como a los ayuntamientos de Sevilla y Salamanca, que le remitan toda la información que tengan sobre subvenciones y convenios firmados con la asociación de usuarios de banca Ausbanc, entidad investigada por extorsiones a diversas entidades financieras. El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, en sustitución de Santiago Pedraz por vacaciones, ha reclamado a los gobiernos autonómicos los convenios firmados desde 2004, al igual que hizo el pasado junio con las subvenciones que concedieron a Ausbanc el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid.
En el auto, dictado a petición de las acusaciones populares que ejercen la asociación de consumidores Facua y Podemos, el magistrado cree pertinente ampliar la investigación a Ausbanc a estos organismos públicos y autonómicos. En concreto, pide los documentos a las consejerías de Sanidad y Consumo y de Hacienda del Gobierno balear, así como a la Generalitat Valenciana „fuentes de la cual aseguraron ayer a este diario que no han recibido aún la notificación judicial„ y a la Junta de Andalucía, sobre los acuerdos con Ausbanc Empresas y Ausbanc Consumo.
El juez pide también al «organismo rector de la Radio Televisión Pública de la Junta de Andalucía» que entregue a la Policía la documentación relativa a la compra de programas de televisión o derechos de emisión a las empresas con titularidad o participadas por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda (la productora Agroeditora SL y el resto del entramado societario de Ausbanc Empresas).
Según sostiene Facua, los gobiernos de Madrid concedieron entre 2001 y 2012 subvenciones a Ausbanc por 6,2 millones de euros a través de partidas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, un hecho que la asociación ha tachado de «escandaloso». El fiscal que investiga a Ausbanc y Manos Limpias por extorsión y organización criminal ve llamativas esas subvenciones a una asociación que entre 2005 y 2012 estuvo excluida del registro estatal.
