La Comisión de Evalación Ambiental que ha acabado con el proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna analiza también en su informe el impacto socioeconómico del proyecto. Los técnicos critican la generación de empleo aunque sin aportar datos. Sólo un párrafo de un informe del gobierno Vasco sobre horarios comerciales que utilizan para avalar su tesis de que los puestos de trabajo que se crearán se destruirán en otros lugares de Valencia.
La memoria cuestiona que el informe de sostenibilidad del proyecto «no efectúa un análisis ni valoración de la incidencia en el empleo a medio y largo plazo». Destaca que los trabajos generados durante la construcción serán temporales, y que en un principio la diferencia será positiva hasta el medio plazo.
Por su parte, la tramitación del expediente de Puerto Mediterráneo como actuación territorial estratégica (ATE) fue positiva para los intereses del promotor hasta el momento en que fue remitida a la Comisión de Evalación Ambiental, en febrero pasado. Fueron los últimos informes pedidos a la Conselleria de Obras Públicas y a Fomento los pilares en que finalmente se ha fundamentado la negativa al proyecto.
Los argumentos más importantes están relacionados con los accesos. El pasado 5 de julio la subdirección general de Movilidad de Obras Públicas argumenta que la zona de protección de la CV35 (cien metros) y la cv31 (50) no se respeta y no se puede construir en ella el nuevo cauce del barranco de l´En Dolça. Y asegura que «no se justifica que no se vaya a empeorar la situación actual» de inundabilidad.
El 29 de septiembre, en la reunión que tumba el proyecto, un nuevo informe de ese departamento ratifica los argumentos. Y valora que en la propuesta de cambio de los accesos de la CV-35 «el diseño puede aumentar el nivel de congestión que se produce ya en la actualidad en este tramo [l´Andana, Parque Tecnológico, urbanizaciones de Mas del Rosari, La Coma, Campolivar, Valterna] además de poderse ocasionar problemas de seguridad vial».
Paradójicamente, la memoria ambiental desfavorable de 36 páginas dedica a la protección de una especie de flora más párrafos que a la disponibilidad de recursos hídricos, un aspecto que cuestiona Medio Ambiente pese al informe favorable de la CHJ. No es una cuestión menor. Grandes proyectos urbanísticos como Nou Mil·leni fueron tumbados por el Supremo por la falta de recursos hídricos. En este caso, es una cuestión secundaria para su aprobación.
Otras ideas en que se basa el veredicto es la emisión de gases de efecto invernadero derivados de los desplazamientos en coche (nueve millones al año para atender las previsiones de 26,7 millones de visitantes al año), que cifra «a la baja» en 30.000 toneladas de CO2.
Otros emplazamientos
También critica la memoria desfavorable que «en la elección del emplazamiento parecen haber primado los aspectos que inciden en el buen éxito económico, relegando los aspectos ambientales a un segundo plano». Las alternativas, revela el informe, eran Massalfassar, Puçol, Torrent y dos espacios de Chiva, que descartó el promotor.
Sobre esto, la memoria critica que «no se han estudiado como emplazamientos alternativos suelos ya clasificados como urbanizables»; o «que las razones utilizadas para descartar alguna de las alternativas podrían utilizarse para descartar igualmente la seleccionada». Además, reza que las alternativas con las que se compara no son ambientalmente viables, ya que los emplazamientos «están calificados como suelo no urbanizable protegido por sus valores agrícolas».
Lo cierto es que hasta el momento en que el expediente fue enviado a la Comisión de Evaluación Ambiental, los promotores, Intu Eurofund, fueron recabando informes favorables y añadiendo modificaciones al proyecto durante los periodos de consulta a administraciones elaborados por la Conselleria de Obras Públicas, órgano responsable de la tramitación.
Ocurrió con la Confederación Hidrgráfica del Júcar (CHJ), que señaló que «el incremento de la demanda puede ser atendido». Sobre el aspecto de la contaminación acústica, también alegado como motivo para tumbar el proyecto, el Servicio de Protección y Control Integrado de la Contaminación señala que «la recalificación del sector no implicará un empeoramiento de los niveles sonoros de la zona». También la Epsar informó de la viabilidad del sistema de tratamiento de las aguas residuales.
El proyecto también obtuvo dictámenes positivo en el ámbito de carreteras. En agosto de 2014 se indica que en cuanto a las carreteras del Estado que se amplíe el plan de movilidad y el nivel de detalle de los accesos, así como algunas correcciones a realizar, e insta a que se tenga en cuenta el trazado de las futuras calzadas laterales de la A7. También hay «informe favorable condicionado» de las carreteras gestionadas por la Generalitat.
La Subdirección de ATEs concluye en abril de 2015 que «desde el punto de vista de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, cabe deducir que no hay factores críticos dentro de la ordenación estructural que impidan la emisión de la memoria ambiental... siempre que sean tenidas en cuenta las consideraciones realizadas».
