Mientras la Conselleria de Economía decide si abre la batalla judicial para intentar restringir la libertad horaria de que goza el gran comercio en la ciudad de Valencia, el partido que sustenta a esa conselleria, Compromís, ha iniciado ya la batalla en Madrid por la vía parlamentaria.
El conseller Rafa Climent y el director general de Comercio, Natxo Costa, pretenden utilizar la recién estrenada situación de minoría del PP en el Congreso para tratar de imponerle políticas.
La formación dispone de cuatro diputados en la Cámara baja y va a abrir dos vías para tratar de anular la obligatoriedad de que en ciudades como Valencia (más de cien mil habitantes) haya al menos una zona de gran afluencia turística.
Por un lado, la diputada Marta Sorlí ya ha presentado una proposición no de ley en este sentido. El objetivo es debatirla en la Comisión de Economía y Competitividad. Con la nueva correlación de poderes, Compromís aspira a contar con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos (que en sus territorios son bastante restrictivos con la libertad horaria), Podemos y, el más delicado, PSOE, que deberá posicionarse sobre este debate.
La otra vía, que puede ser más rápida y eficaz, pasa directamente por utilizar el cajón de sastre de la ley de acompañamiento. Compromís aspira a colar una enmienda que sea respaldada mayoritariamente y con la que se cambie la legislación estatal.
Desde la conselleria se entiende que esa ley, esa obligatoriedad, es el nudo que ha enredado toda la situación, y que, sin ella, tendría manos libres para delimitar a su voluntad un nuevo esquema.
Así se lo ha trasmitido esta mañana el director general de Comercio, Natxo Costa, a la patronal de pequeños empresarios Cecoval. La conselleria está manteniendo una ronda de contactos con los agentes del sector tras el informe del Jurídic Cosultiu que ha bloqueado los planes de la conselleria.
La Dirección General de Comercio tenía intención de declarar la nulidad de las zonas de gran afluencia turística que delimitó el PP en Valencia en 2013. Alegaba que el PP no dio audiencia previa. Pero el preceptivo informe del CJC ha negado la posibilidad de revisar de oficio la designación de esas zonas. No lo ve motivo suficiente.
