Feria Valencia es un dolor de muelas para el Consell que no desaparece ni con Nolotil. Mientras ultima un decreto por el que se hará cargo de los más de 500 millones de euros pendientes de pago por las obras de ampliación, la factura de Feria Valencia amenaza con aumentar sin pausa. Ahora, por el ERE aplicado en 2011 a 106 trabajadores que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. En declaraciones a este diario, el presidente de la entidad, José Vicente González, aseguró que la institución va a pedir que sea la Generalitat la que se haga cargo del coste de esa decisión.
El TSJ ha anulado el ERE fundamentalmente porque la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, entonces regida por Román Ceballos, autorizó el expediente antes de tener en sus manos el preceptivo informe de la Inspección de Trabajo. González considera que «la sentencia no dice nada sobre el expediente de Feria Valencia. Lo que dice es que la tramitación dentro de la administración pública no se ha llevado de acuerdo con sus propios procedimientos. Quien está diciendo la sentencia que lo ha hecho mal no es la Feria, sino la Administración, que no ha seguido los trámites convenientes». En consecuencia, «lo lógico es que el que se equivoca paga, no los que no se han equivocado. Nos tendremos que poner de acuerdo, de una forma u otra».
La Feria y los 23 exempleados que recurrieron al TSJ han pedido al tribunal que aclare las consecuencias de su sentencia, básicamente si solo afecta a esos 23 o a los 106, si tienen que ser readmitidos o solo indemnizados. En función de la respuesta y del número de extrabajadores ya jubilados o que han encontrado otro trabajo, se determinará el coste del fallido ERE. Fuentes jurídicas vinculadas a los exempleados aseguran que podría situarse en una horquilla comprendida entre los tres y los ocho millones de euros, dependiendo del número de personas afectadas. La media se estima en unos cinco millones.
Paralelamente, los representantes de los afectados han anunciado que van a exigir a la Generalitat daños y perjuicios por su actuación en este caso. Concretamente, ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial cuyo importe estará en función de lo que ha sucedido a cada extrabajador durante estos casi seis años. Todo ello sucederá cuando termine el proceso, que va a demorarse al menos otro año, dado que Feria Valencia ha acordado ya que va a presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo.
