Anticorrupción reclama en el caso Nueva Rumasa tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes para los empresarios Ángel de Cabo, Iván Manuel Losada y Fernando Juan Lavernia, implicado en otro conocido caso de vaciamiento patrimonial ficticio, el denominado caso Marsans. El fiscal acusa a los tres empresarios de haber pactado con los hijos de Ruiz-Mateos la compra de sociedades de Nueva Rumasa tras la emisión de pagarés, «con el fin de controlar los concursos de acreedores (...) y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia».
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 16 años de prisión para cada uno de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos en el marco del llamado caso Nueva Rumasa.
En su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía precisa que se acusa a todos ellos de los delitos de estafa-por el que propone 9 años de cárcel-, blanqueo de capitales -4 años- y alzamiento de bienes -3 años-.
También están acusados Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, miembros ambos de la familia Ruiz Mateos, así como los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín, José Ramón Romero, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño.
El caso se remonta al periodo 2009-2011, cuando la compañía familiar presidida por José María Ruiz-Mateos ideó un sistema «piramidal» a través de la emisión de pagarés, que le permitió captar -sin dar a conocer la delicada situación financiera del grupo- 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares, de los cuáles dejaron sin devolver 289 millones, según Anticorrupción. La tesis de la Fiscalía es que los fondos captados «fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades» del grupo , aunque también se sufragaban «cuantiosos gastos de índole personal del clan».
