El ayuntamiento de Sagunt celebrará el próximo martes -una semana después de la fecha marcada de forma inicial- un pleno monográfico sobre uno de los focos de la última actualidad en la comarca del Camp de Morvedre: la situación de la planta de la cementara Lafarge.
El tema colea desde hace meses y no se prevé que la solución sea inmediata. Así, desde Esquerra Unida (EM) -grupo que forma parte del cuatripartito gobernante en la localidad- anunciaron ayer que se abstendrán en la votación. Entre los puntos a tratar se encuentra el informe desfavorable al pliego de condiciones técnicas propuesto por la Conselleria de Medio Ambiente respecto a la ocupación de la cantera del Salt del Llop, actual emplazamiento de la cementera. Esta disparidad de criterios es la principal causa de la posición adoptada por EM.
Un sí condicionado
Guillermo Sampedro, portavoz de Esquerra Unida en el ayuntamiento de Sagunt, atendió ayer a Levante-EMV y comentó que «nosotros defendemos un sí a la renovación de los permisos de la firma, pero con condiciones. Dada las diferencias de criterio entre unos técnicos y otros creemos que lo mejor es abstenernos. Y puede que no seamos los únicos, ya que esta es la forma de actuar más responsable», en lo que parece una clara referencia a los representantes del PSPV.
EM disentirá así con sus socios de gobierno, ya que el alcalde Quico Fernández (Compromís) apoya el informe desfavorable y podría contar con el respaldo de los representantes de ADN Morvedre, marca blanca de Podemos en la localidad. A su vez, todo apunta a que el PP e Iniciativa Porteña (IP) mantendrán su posición, contraria a la del primer edil.
Sampedro reconoció que «no es la primera vez que diferimos en este tema con el alcalde. Ya ocurrió cuando se quería otorgar permisos para abrir una cantera nueva. Lo que sí cabe esperar es que el proceso no se dilate en el tiempo. Nadie puede obviar que la última decisión pertenece a la Generalitat. Ellos son los que tienen que resolver el conflicto».
Cabe recordar que el conflicto entre Lafarge y el equipo de gobierno del ayuntamiento de Sagunt ya ocasionó el encierro de parte de los operarios afectados en la casa consistorial. Sampedro apuntó que «comprendo su situación, es algo normal. Pero lo que debe mandar es la legalidad».
En el foco del conflicto están los más de cien puestos de trabajo directos que podrían verse afectados ante un posible cierre, a los que se sumarían varios centenares de empleos indirectos.
Si no se llega a un acuerdo, el próximo 1 de enero Lafarge no podría continuar operando en la cantera saguntina.
