La fiscalía anticorrupción detectó «irregularidades administrativas» en los contratos efectuados por Feria Valencia en el proceso de sus obras de ampliación, según consta en el decreto de archivo de las diligencias de investigación abiertas en enero de 2015 tras una denuncia presentada por la Intervención de la Generalitat. El breve documento se pronuncia sobre el viejo debate de si Feria Valencia se debía regir por las normas del sector público o estaba sometida al derecho privado. La conclusión es que «debía considerarse a la institución, a los efectos de contratación, sujeta a la ley de contratos» de la administración pública. Tras llegar a esta conclusión, añade que no se cuestiona «la realidad de las contrataciones de obra efectuadas por los entonces responsables, así como tampoco que los servicios no se hayan prestado o producido». «Tan solo se detectan irregularidades administrativas en aquellas (las contrataciones), al apartarse de los requisitos exigidos en la normativa pública de contratación».
Por otro lado, el decreto asegura que la policía hizo una investigación patrimonial de los entonces directivos de Feria Valencia -el expresidente Alberto Catalá, los exdirectores generales Belén Juste y Carlos de Vargas y el exsecretario general, Enrique Calomarde-y a resultas de la misma «no se ha determinado un desvió de fondos o una incorporación de los mismos al patrimonio» de los exdirigentes feriales. Este documento será presentado hoy en el patronato de Feria Valencia, donde se autorizará a su presidente, José Vicente González, a firmar con Generalitat y Ayuntamiento el memorándum que pone en marcha el nuevo modelo ferial.
Mordidas
Paralelamente, la comisión de investigación por los sobrecostes feriales de las Corts Valencianes continuó ayer sus trabajos. El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel, José Luis Peñas, aseguró que Feria Valencia era «una parte ínfima del universo Gürtel» y que»el modus operandi era idéntico en todas partes». «Al final, siempre había una mordida por parte del político o del partido político», afirmó.
En cualquier caso, Peñas insistió en que su conocimiento del funcionamiento de la entidad ferial en los años de la red Gürtel es «muy tangencial» y recordó que solo estuvo implicado por una conversación telefónica con el líder de la trama, Francisco Correa, en la que le ofreció trabajo para ser «su hombre de confianza en la Fira» y «llevarla por toda España», una oferta que rechazó porque se produjo en enero de 2008, tres meses después de la denuncia, tal como desveló Peñas el pasado mes de abril en una conversación con Levante-EMV.
La que fuera directora de Marketing de Feria Valencia entre 2009 y 2012, Cristina Olmeda, negó cualquier tipo de vinculación con la empresa Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez «el Bigotes», pese a que reconoció que fue este, junto a Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes le hicieron una primera entrevista de selección en Madrid a la que siguió otra realizada por el director general de la institución. «No los conocía absolutamente de nada», aseguró.
Por último, el exconseller de Industria y Comercio Fernando Castelló aseguró que la ampliación de la institución con sede en Benimàmet era «la única y la mejor alternativa» por la «durísima competencia» que había entre las ferias españolas y, por tanto, «se hizo lo que tenía que hacer», apoyar el proyecto desde la Generalitat.
