La causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu por el hundimiento del Banco Popular ya tiene su rama valenciana. Y es que la Asociación de Pequeños Accionistas de Bancos (Apabanc), en representación de más de 150 afectados de la Comunitat Valenciana, acaba de presentar una querella contra la excúpula del banco por los delitos de falsedad contable, insolvencia punible, estafa y contra el mercado y los consumidores.
El abogado de Apabanc, Diego Muñoz-Cobo, el mismo que presentó la querella inicial contra la excúpula del Banco de Valencia que seis años más tarde sigue instruyendo el juez de la Audiencia Santiago Pedraz, aseguró a este diario que la cifra de afectados -hay unos 35.000 en la autonomía- que se suman a la querella crece día a día. Por ese motivo, la acción judicial, anunciada el pasado junio, ha tardado varios meses en materializarse. La querella va dirigida contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra 24 exconsejeros, el exinterventor general y los dos representantes de la auditora PricewaterhouseCoopers.
Situación agónica
Tras varios meses de agonía, la Junta Única de Resolución, el organismo europeo competente en la materia, decidió el 7 de junio pasado la venta por un euro del Popular al Santander al considerar que el banco era inviable. Aunque el valor de las acciones ya había caído de forma dramática en las semanas previas, los copropietarios del banco perdieron toda su inversión. Muchos de ellos habían acudido a la ampliación de capital de junio de 2016 por 2.500 millones. Ahí se centra la querella de Apabanc.
Por un lado, asegura que el consejo del banco, en sus reuniones de febrero de los años comprendidos entre 2014 y 2017, «formuló, a sabiendas, unas cuentas anuales consolidadas falsas, radicando la falsedad de las cuentas en la no valoración conforme a la normativa de sus activos y en la ocultación de pérdidas con trascendencia significativa en la cuenta de resultados». En febrero de 2017, la entidad declaró unas pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros, que dos meses después tuvo que corregir al alza en otros 630 millones. Sin embargo, en octubre de 2016 había presentado unos resultados de los tres primeros trimestres del ejercicio con unos beneficios de 94 millones. Lo mismo que sucedió con el Banco de Valencia y Bankia tras ser intervenidas.
Por otro lado, la querella afirma que los exresponsables de la dirección del banco «realizaron y consintieron actos de disposición, como el fijarse remuneraciones elevadas, autorizar indemnizaciones a los consejeros salientes, amortizar instrumentos y obligaciones financieras, aprobar repartos de dividendos, etc, en un momento en que la entidad se encontraba» en situación de insolvencia.
Por último, achaca a los exconsejeros un delito relativo al mercado y a los consumidores, ya que, a sabiendas de que las cuentas «no reflejaban la imagen fiel del patrimonio», utilizaron dicha información para lanzar dos ampliaciones de capital por 3.000 millones y varias emisiones de participaciones preferentes por valor de otros 2.000 millones.
La querella cuantifica en 1,85 euros el perjuicio por título para cada copropietario. Es el valor «que razonablemente podría considerarse que los accionistas hubieran podido percibir tras un ordenado proceso de liquidación o concurso de acreedores». Dicha cantidad surge de la división entre los 7.808 millones de capital de la máxima calidad (Core Equity Tier 1) que tenía la entidad al cierre de las cuentas de 2016 y sus 4.200 millones de títulos. Los 1,85 euros resultantes deben «servir como valor de referencia, como valor suelo indemnizable».
