Las consecuencias de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, luego avalada por el Supremo, que anuló el ERE de 2011 a 106 trabajadores y ordenó su reincorporación tienen tal «impacto negativo sobre la situación económica de Feria Valencia», que «supone quebrar su situación actual, que estaba en un cierto equilibrio y, con ello, sumir a la entidad en una situación de ahogamiento económico del que difícilmente podrá salir». Así se expresa la institución en las cartas dirigidas a los trabajadores que acaban de ser despedidos por un nuevo ERE al entender la institución que, por causas económicas y organizativas, no está en condiciones de mantenerles el puesto de trabajo.
La entidad precisa que sigue en situación de pérdidas, aunque las ha reducido de los 9,1 millones de 2010 a los 1,9 de 2016. En 2017, pese a que no los precisa, siguen los números rojos. No obstante, el Ebitda (resultado de explotación) ya fue positivo en 2016 (873.000 euros). Esta situación de equilibrio es la que «quiebra» la mencionada sentencia, a raiz de la cual 63 personas pidieron su reincorporación, de las cuales 30 lo hicieron de forma efectiva (y 21 fueron despedidos a finales de enero con el nuevo ERE). Además, 49 trabajadores, tal como adelantó este diario, han iniciado procedimientos judiciales (al menos 128 demandas) contra Feria Valencia reclamando «cuantías indemnizatorias por la extinción de su relación laboral».
Esta última es una de las consecuencias citadas en las cartas. Y es que Feria Valencia ha tenido que provisionar en el ejercicio 2017 el dinero que correspondería por la «extinción contractual conforme al principio de prudencia», lo que genera unas pérdidas de 2,62 millones. «Ello supondría unas pérdidas acumuladas desde 2015 de valor igual a 7.189.193,23 euros, lo que generaría un ahogamiento financiero de Feria Valencia, pues volvería a alejar a la entidad del equilibrio, imposibilitando su crecimiento, convirtiendo a Feria Valencia, de forma definitiva, en una entidad inviable y contribuyendo a su posible desaparición», añade el documento.
Fuentes de los representantes de los trabajadores explicaron que las pérdidas de 2,62 millones son la consecuencia de un acta levantada por la Inspección de la Seguridad Social después de que Feria Valencia diera de alta a un nutrido grupo de exempleados que solicitaron el reingreso en la entidad pero que finalmente no volvieron. En su mayoría, ya tenían empleo y no regresaron porque sabían que serían despedidos, como había anunciado la institución. Esta última les despidió y ahora la SS la obliga a provisionar la cotización por las bases mínimas de siete años. Estas fuentes indican que la indemnización a la que aspiran los citadas 49 exempleados asciende a unos cinco millones más.
La otra consecuencia que tendría la reincorporación de los 63 extrabajadores que solicitaron inicialmente su retorno sería incrementar en 2017 los costes laborales de 5,4 a 6,6 millones de euros, es decir, 1,2 millones más, y, por tanto, elevar al 34 % el porcentaje que representan los gastos de personal sobre la cifra de ventas, cuando, sin los efectos de la sentencia, esa ratio fue del 28 %.
