El grupo de la Izquierda Plural pedirá este jueves en el Congreso la devolución del proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que prevé subir la velocidad máxima a 130 kilómetros por hora en determinados tramos de autopistas y autovías, al considerar que el texto está pensado para "el lobby del automóvil".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defenderá en el pleno de la Cámara el proyecto que, entre otras novedades, rebaja los límites máximos de velocidad en las carreteras secundarias y en calles de las ciudades.

Además, el Gobierno pretende duplicar la multa por consumo de alcohol y drogas al volante hasta los 1.000 euros, medidas que entrarán en vigor a final de año, mientras que los nuevos límites de velocidad no se implantarán hasta que se incluyan en el nuevo reglamento de circulación, previsiblemente en marzo.

También prevé el texto el uso obligatorio del casco de la bici en ciudad para los menores de 18 años. La imposición del uso o no de este elemento para el resto de ciclistas en las urbes no se decidirá hasta que concluya el debate que se está llevando a cabo en la comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Los detectores de radar estarán prohibidos y serán multados con 200 euros y tres puntos del carné, según el texto que regula también los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.

Cree la Izquierda Plural que las modificaciones introducidas en el proyecto "no responden ni a criterios de necesidad ni de oportunidad" y piden un informe que justifique medidas "tan drásticas" como la obligatoriedad del casco.

Otro de los motivos que esgrime este grupo para solicitar la devolución del texto es la inexistencia de una justificación y de una memoria de impacto medioambiental en torno a la elevación de la velocidad máxima a 130 km/h, que implicará un cambio en la señalización cuyo coste tampoco se ha estimado en el proyecto.

Para la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), el Ejecutivo presenta una reforma "parcial y sesgada" que constituye "un parche más en una normativa cuyas bases datan de hace más de veinte años y que no aborda de forma integral el fenómeno del tráfico".

"Un pastiche más que quiere codificar en una sola norma el paradigma de movilidad equivocado y caduco", opina este grupo, para quien el proyecto pierde la oportunidad de abordar los problemas de la seguridad vial "con un tratamiento integral".