Las diputaciones provinciales llevan tiempo en el punto de mira, pero, ahora, el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos, si finalmente se lleva a cabo, incluye la supresión de estos organismos para transformarlos en consejos provinciales de alcaldes. Ese punto del acuerdo ha levantado ronchas entre los presidentes de la mayoría de las 18 diputaciones gobernadas por el PSOEque rechazan la desaparición de estas instituciones. En el documento firmado por los dos partidos se plantea sustituir las diputaciones por consejos de alcaldes que se encarguen de los asuntos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los que más ayuda reciben de la institución provincial.
Mientras desde Andalucía y Extremadura se defiende a ultranza la institución, donde el PSOE gobierna mayoritariamente, en Castilla y León, donde sólo lo hace en Soria, se apuesta por que sufran una transformación profunda o desaparezcan. La última en intervenir en la polémica fue ayer la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien se declaró a favor de reformar las diputaciones pero «teniendo en cuenta la gran tarea que hacen cada día para dar oportunidades a los pequeños municipios». «Reformemos y mejoremos sin miedo, pero conservemos todo lo que tenemos que conservar porque lo construido en estos años de democracia es mucho y es bueno», ha subrayado.
Por su parte, el PP ha lanzado una ofensiva contra PSOE y C's en defensa de la pervivencia de las instituciones. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, acusó el sábado a los dos partidos de «hacer el trabajo sucio» a los independentistas catalanes con su propuesta. Y tachó de «auténtica chapuza» la sustitución de las corporaciones provinciales por consejos de alcaldes, ya que es algo que «no se sabe ni lo que es ni lo que cuesta ni cuál va a ser su funcionamiento».
Lo cierto es que su eliminación es una propuesta nuclear del programa de Ciudadanos, que estima que de esta forma las arcas públicas se ahorrarían unos 5.000 millones de euros. Aunque los socialistas insisten en que la intención es que con el cambio de organismo no desaparezcan tampoco los empleos públicos, puesto que no se perderán las competencias que desempeñan las diputaciones.
Actualmente existen 38 diputaciones de régimen común, tres diputaciones forales en el País Vasco, siete cabildos insulares en las Islas Canarias y tres consejos insulares en Baleares. Las comunidades autónomas de una sola provincia —Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja— no tienen porque sus competencias las asumen las comunidades autónomas.
6.000 millones de presupuesto
Las 38 de régimen común manejaron en 2015 un presupuesto en 2015 de 5.971 millones de euros, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda. Este presupuesto aumenta sensiblemente si se tienen en cuenta las diputaciones forales del País Vasco, hasta los 19.775 millones de euros. La mayoría del presupuesto de las de régimen común llega a través de una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado. Caso distinto es el de las diputaciones forales del País Vasco, que cuentan con competencias específicas de recaudación.
En las diputaciones, cabildos y consejos insulares trabajan 62.159 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del mes de julio de 2015. De ellos, 27.535 son funcionarios y los otros 34.624 personal contratado. En total, en toda España hay 1.040 diputados en este tipo de instituciones. Alrededor del 26,5 % del gasto de las 38 diputaciones del régimen común es para personal. En el caso de las diputaciones forales vascas, ese porcentaje es del 2,6%.
Competencias
Las diputaciones prestan servicios sociales en sus territorios y cooperan con los ayuntamientos más pequeños. En el primer caso, las diputaciones desarrollan programas de atención a dependientes, apoyan propuestas culturales o fomentan actividades deportivas, entre otras funciones. Y en su papel de apoyo a ayuntamientos, las diputaciones asumen el mantenimiento de infraestructuras en el caso de municipios más pequeño, como el mantenimiento de carreteras o la construcción de obras que, por su cuantía, no puedan acometer los ayuntamientos.
Además, las diputaciones asumen los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación, así como os servicios de tratamiento de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no puedan hacerse cargo.
