11 de mayo de 2016
11.05.2016
Caso Púnica

El juez pide que se investigue a Daniel Ortiz, diputado de Cifuentes

El exalcalde de Móstoles será investigado por interceder y "presionar" contratos a cambio de comisiones ilegales

11.05.2016 | 13:29

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue al exalcalde de Móstoles y diputado autonómico del PP, Daniel Ortiz, por interceder y "presionar" para adjudicar a la empresa Cofely un contrato a cambio de comisiones por 746.000 euros.

El magistrado ha elevado una exposición razonada al tribunal superior, que es el competente por ser Ortiz aforado, al haber encontrado indicios de que influyó para que Cofely lograra un concurso público de Móstoles de 73 millones "presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde".

Velasco señala que Ortiz buscó su "ánimo de lucro personal" con estos "actos de corrupción" en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, licitado en diciembre de 2013 y adjudicado unos meses después por importe de 73.143.434 euros en un periodo de 12 años.

Además de a Ortiz, el juez investiga al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y a su hermano Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, los cuales "se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas".

Para ilustrar sus sospechas de corrupción, el juez incluye conversaciones telefónicas entre las que destaca una que, a su juicio, "permite apreciar la participación del exalcalde Daniel Ortiz Espejo en la solicitud del pago de las comisiones acordadas, a pesar de que los investigados extreman las precauciones y en ningún momento citan su nombre".

Pese a ello, Velasco destaca una llamada entre Alejandro Utrilla y un empleado de Cofely de la que dice "se interfiere que se referían al Alcalde" con el apelativo de "jefe" y en la que señalan que si Cofely "quisiera tener una atención con él, un buen momento sería" el de un Congreso que se celebró en Barcelona y del que hay constancia que entre los ponentes se encontraba Ortiz.

Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato", de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros.

Ese dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2% del presupuesto de adjudicación.

El pago de las comisiones fue fruto de "intensas negociaciones" recogidas en intervenciones telefónicas pinchadas entre ejecutivos de la multinacional Cofely, por un lado, y los hermanos Utrilla y David Marjaliza -exsocio de Francisco Granados y cabecilla de la red Púnica-, por otro.

Marjaliza, que fue asesor comercial externo de Cofely, confesó los hechos ante el juez y detalló que actuó como conseguidor del contrato e intermedió con los cargos municipales para obtener informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, e incluso llegó a adelantar los primeros pagos de comisiones.

Estas personas fueron, según Velasco, los "destinatarios de las comisiones prometidas" y actuaron en la negociación como "representantes" de Ortiz.

Por parte de Cofely, actuaron "activamente" en las negociaciones responsables del departamento Comercial, principalmente su director, Constatino Álvarez, el responsable de Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del área de Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.

Por estos hechos, el juez ve indicios contra Ortiz de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.

Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato, para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia.

Presionó "especialmente" al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó incluso a solicitar la interrupción del procedimiento de adjudicación.

Durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (...) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor".

Dicha actuación se hizo para que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran, "como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces", con el fin de ayudar a esa empresa -Cofely España- "facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella".

El juez cree que Alejandro Utrilla burló la custodia de los documentos en poder del departamento de Contratación para introducir el informe anónimo -que en realidad había elaborado Cofely-, informe que considera fue trascendental "para evitar que Fulton resultase adjudicataria".

Para ello se basa en la declaración de una testigo que aseguró que empleadas de la limpieza del Ayuntamiento le vieron en ese departamento "en horas que no había trabajadores y dando justificaciones incongruentes de su visita".

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