15 de agosto de 2015
15.08.2015

Tres municipios de l'Horta reducen el IBI para 2016

El Catastro concede a Alboraia una rebaja del 15 % mientras que Benetússer y Alaquàs piden la aminoración

14.08.2015 | 21:04

Con el objetivo de reducir la carga fiscal municipal a los vecinos, tres ayuntamientos de la comarca han iniciado trámites pedir revisiones de los valores catastrales a la baja que reducirán los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2016.

El caso más avanzado es el de Alboraia, donde la solicitud fue cursada por el gobierno local a principios de 2015 y el consistorio ya ha obtenido una respuesta positiva. En concreto, la Dirección General del Catastro ha propuesto para Alboraia una rebaja del 15% aproximadamente del valor de todos los inmuebles, que deberá reflejarse y hacerse efectiva en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Esta bajada del valor no sólo afectará a los vecinos a la hora de calcular el IBI , sino también en el cálculo de otros impuestos como plusvalías, patrimonio, etc.

Esta medida se suma a la rebaja del índice municipal para el impuesto, ya aplicado en el presupuesto de 2015. Además, Alboraia ha acordado con el Catastro una inspección para detectar posibles fraudes en inmuebles no declarados correctamente.

En Benetússer, el gobierno tripartito „PSOE, Esquerra Unida y Compromís„ha anunciado que solicitará al Catastro una reducción del 20% al valor de los inmuebles. «De esta forma se corregirá parcialmente el desfase existente entre los valores catastrales revisados en plena burbuja inmobiliaria, con los actuales valores de mercado», explican. Con ello, calculan que el año próximo se «neutralizará» la subida del IBI que se habría aplicado, programada en 2008 para 10 años. También el tripartito planea bajar el tipo impositivo, que actualmente se sitúa en un 0.64%.

Por otra parte, el gobierno local socialista de Alaquàs también ha anunciado pedirá al Catastro una bajada de los valores de un 15%, dado que el municipio cumple el Real Decreto Legislativo 1/2004, que permite pedir una nueva valoración colectiva si ya han pasado cinco años desde que se realizó la última.

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