Benetússer ya no cobra por expedir documentos administrativos, una práctica que permanecía activa desde octubre de 2012 y que puso en marcha el anterior equipo de gobierno del PP. El tripartito que actualmente dirige el ayuntamiento, integrado por PSPV, Compromís y EUPV, ha derogado la ordenanza que regulaba esta actividad al considerar que en ocasiones resultaba abusiva y generaba más molestias entre los vecinos que beneficios para la población.
Además, señala la alcaldesa, la socialista Eva Sanz, la normativa «ha provocado en más de una ocasión situaciones desagradables y atípicas». Así, se dio el caso de «un establecimiento que, tras solicitar licencia de obras para pintar su fachada, tuvo que volver a repintar el local porque no había pedido el certificado urbanístico», un documento en el que el ayuntamiento le advertía de que en esa zona el PGOU sólo permite determinados colores.
El cobro por expedir documentos administrativos generaba anualmente «unos ingresos de en torno a 5.000 euros», destaca la regidora de Hacienda, Reme Navarro, de Compromís. La ordenanza exigía un importe de 2 euros para aquellos vecinos que requiriesen un certificado de empadronamiento, mientras que subía hasta los 5 euros en el que caso de documentos de carácter económico o de información catastral. Los informes urbanísticos costaban 25 euros y el resto de certificados locales tenían un precio de 5 euros.
