20 de octubre de 2015
20.10.2015
Actuación administrativa

Silla cierra el local de capeas donde una mujer quedó tetrapléjica

El gobierno local acuerda la clausura por ser «necesaria y urgente» debido a que el establecimiento no tenía licencia y ordena a la Policía Local que vigile que su cumplimiento

20.10.2015 | 17:20

El equipo de gobierno de Silla ha ordenado cerrar el local de capeas en el que hace un año una mujer quedó tetrapléjica durante una celebración taurina. El acuerdo se ha adoptado tras desestimar las alegaciones que presentó la propietaria del establecimiento, quien pretendía legalizar una actividad para la que jamás tuvo licencia municipal, según detalla el informe que acuerda la clausura.

La decisión se tomó hace escasos tres días durante la última Junta de Gobierno local, integrada por PSPV, Compromís, EUPV y Silla En Democracia, y presidida por el alcalde, el socialista Vicente Zaragozá. Hace unas semanas, el equipo de gobierno ya había comunicado a la dueña del negocio su intención de bajarle la persiana tras varios años de quejas ciudadanas y diligencias policiales por una actividad para la que no tenía autorización municipal.

Cerradas y sin uso de terceros
La propietaria recurrió entonces el cierre y aseguró que las instalaciones «no estaban abiertas al público, que no se cedían a terceras personas» y que sólo albergaban «actividades vinculadas a la ganadería» para la que, al parecer, sí cuenta con toda la documentación en regla. Sin embargo, el equipo de gobierno de Silla ha desestimado ahora esas alegaciones tras comprobar que el local sí «está abierto al público sin las licencias necesarias» y que «la actividad que allí se desarrolla registra peligro para la seguridad de las personas».

Por todo ello, estima «necesario y urgente» ordenar «la clausura» del establecimiento, así como trasladar el acuerdo a la Conselleria de Gobernación para que ésta lo confirme, modifique o anule. Pero, además, la Junta de Gobierno local también reclama a la Generalitat que «incoe el correspondiente procedimiento» para determinar si la actuación de la propietaria supone, como mantiene el ejecutivo local, «una infracción grave» a la Ley de Espectáculos Públicos. Esta supuesta violación legislativa está penada con «multas de entre 601 y 30.000 euros».

El gobierno de Silla también ha trasladado su resolución a la Policía Local para que «realice un seguimiento» del cierre y comprobar así si realmente cesa la actividad del corral de pruebas.

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