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La Pobla pagará la defensa de un exedil de Urbanismo

También el exalcalde Sanchis,un arquitecto y un técnico municipal han reclamado al consistorio los honorarios

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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a pagar los honorarios del abogado y procurador del exconcejal de Urbanismo (y, antes de eso, alcalde de la localidad) José Vicente Peris (EU) tras el archivo en 2013 de la causa abierta contra él por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la concesión de licencias de obras y los excedentes de construcción de dos manzanas de edificios en la zona de la playa.

Por aquel caso „que llevó incluso a un registro del ayuntamiento por parte de la Guardia Civil y en el que el exalcalde del PP José Manuel Peralta fue acusación particular„ también fue juzgado el exalcalde socialista Josep Vicent Sanchis, un arquitecto y un técnico municipal, que también han reclamado que el consistorio abone lo que tuvieron que gastar en la defensa de su caso.

Según ha hecho público el grupo municipal de Compromís en un comunicado, el juzgado establece que a Peris se le tendrán que abonar 4.367,42 euros, más 261 euros por los intereses legales y, además, las costas del juicio. Por su parte Sanchis ha reclamado 4.844 euros. El propio Sanchis confirmó ayer a Levante-EMV esta información e incluso señaló que el consistorio ya ha aprobado el pago que él ha reclamado. Compromís explica que una vez archivada la causa, Sanchis y Peris presentaron las facturas del coste de su defensa en el ayuntamiento para que las abonara, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local, pero el gobierno local del PP, presidido entonces por Peralta, no contestó, por lo que Peris interpuso un recurso.

La sentencia del contencioso informa de que en el caso del exedil se cumplen los requisitos necesarios para que el consistorio asuma los honorarios: los gastos han sido consecuencia de una inculpalción por el cargo que ostentaba, no ha habido desvío o abuso de poder y se han declarado la inexistencia de responsabilidad criminal.

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