Propietarios de parcelas en la antigua zona industrial del barrio de la Patacona, en la zona litoral de Alboraia, han mostrado al ayuntamiento su interés en recuperar el proyecto para poder edificar en esta bolsa de suelo, quizá la última por urbanizar situada a escasos metros de la playa y muy cerca del término de Valencia.
Según han explicado fuentes municipales a este periódico, entidades bancarias como el Santander o BBVA, empresas promotoras y dueños de antiguas naves industriales poseen suelo en el conocido como sector Vinival, por situarse allí hasta hace unos años una conocida empresa vinícola del mismo nombre. Y las mismas fuentes han asegurado que varios de estos propietarios, entre ellos alguna de las entidades bancarias, se han dirigido al consistorio para mostrar su interés por urbanizar el sector y para consultar las preferencias del gobierno municipal para esta zona.
«Nosotros lo que pedimos es que sea de residencial y terciario a partes iguales y rebajar la edificabilidad del 1 al 0,75», explicaba ayer la concejala de Urbanismo, Ana Bru. «También nos gustaría que en vez de varias propuestas como hemos recibido hasta ahora, hubiese una propuesta común de varios propietarios», añadió. La unanimidad, de todas formas, parece complicada ya que hay propietarios de parcelas (principalmente dueños de antiguas naves del polígono) que preferirían mantener la actual calificación de suelo industrial.
Así pues, aunque no hay nada definitivo aún, sí parece que la Patacona se está convirtiendo en uno de los puntos de recuperación urbanística (tímida aún) del área metropolitana de Valencia, como también demuestra el reinicio de varias de las obras que permanecían paradas desde hace años en el paseo marítimo. El nuevo interés por reurbanizar Vinival se produce un año después de que la promotora Reyal Urbis renunciase al desarrollo del sector a través del Plan de Reforma Interior UE 1, con el que planteaba la edificación de unas mil viviendas. A cambio de esta renuncia, el ayuntamiento le devolvió el aval bancario de 300.000 euros que depósito la promotora en 2008 como garantía del proyecto que no llegó a desarrollar. Además, Reyal Urbis aceptó también no ejecutar una posible sentencia contra el gobierno municipal por haber declarado en septiembre de 2008 «desierto» por falta de documentación el concurso del procedimiento de gestión del PAI tras haberlo concedido de forma provisional a la constructora. Ya hubo en 2010 una primera sentencia favorable a la mercantil que anuló aquella resolución del ayuntamiento.
Lo cierto es que ni al ayuntamiento le interesaba una nueva sentencia contraria a sus intereses, ni Reyal Urbis tenía demasiado interés en ganar el contencioso. La inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría fue declarada en concurso de acreedores en 2012 y hasta septiembre de 2014 sus pérdidas ascendían ya a casi 484 millones de euros, 126 más que un año antes. Por eso, a los acreedores de Reyal Urbis les interesaba más recuperar los 300.000 euros que depositaron como aval bancario en 2008, que desarrollar un proyecto urbanístico al que no podría hacer frente.
Tras aprobar en diciembre de 2014 el convenio transaccional propuesto por Reyal Urbis para la finalización del procedimiento ordinario, y renunciar la empresa a su condición de agente urbanizador, el consistorio puede volver a sacar a concurso público el desarrollo de este PAI cuya programación indirecta y las bases para el desarrollo fueron aprobadas en diciembre de 2007. El plan incluía la recalificación de 120.887 metros cuadrados de suelo industrial „incluyendo los de la antigua Vinival, con sus grandes bodegas que pasarían a ser de propiedad municipal (la intención original era convertirlas en centro cultura)„ en residencial para construir 946 viviendas, además de 33.133 metros de suelo dotacional, que se quieren destinar a la construcción de un centro educativo, y 15.383 de zonas verdes.
Además, las bases para desarrollar el sector establecían que el 5 % de cesión por el aprovechamiento se sustituiría por una aportación económica equivalente, y que el 25 % de la edificabilidad se destinaría a viviendas de protección oficial. En el informe del arquitecto municipal que aludía a la cesión de las bodegas y su rehabilitación, el técnico concluía que el proyecto costaría más de 7,4 millones y estimaba que debería contemplarse como cargas de urbanización.
En el proyecto del nuevo PGOU en el que aún trabaja el ayuntamiento, ya se contempla rebajar la edificabilidad respecto a lo que se había planteado en 2011 y, además, se reduce el suelo residencial para aumentar el terciario, permitiendo todavía la edificación de hoteles pero de menor altura.
