La Fiscalía de Valencia ha dado un giro de tuerca más al ya complicado proceso de renovación de los uniformes de la Policía Local de Torrent. Un caso que arrancó el 14 de septiembre con la aprobación del pliego de condiciones y que puede ir para largo. El Partido Popular anunció ayer que Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal, designando fiscal instructor, ya que «se ponen de relieve hechos que pudieran ser constitutivos de delito».

La denuncia por escrito de los populares torrentinos se presentó el 11 de marzo, aunque el 22 del mismo mes se amplió con nueva documentación compilando un dossier de 220 folios. Entre la última información aportada destaca una carta del director de la Agencia de Seguridad, José María Ángel, recordado que el decreto de 2005 del Consell soló contempla el amarillo „combinado con el azul noche„ para las prendas de los agentes, mientras que las compradas por el consistorio son azul celeste. Este siempre ha sido el caballo de batalla que lleva denunciando el PP desde que se inició el proceso, argumentando que el PSOE podría estar tratando de favorecer a la única empresa que dispone de stock de prendas en azul celeste. El escrito de fiscalía abriendo las diligencias está fechado en ese mismo 22 de marzo, aunque no le fue entregado al PP hasta el pasado viernes, circunstancia que Amparo Folgado, portavoz popular, ve «curioso».

La pasada semana este diario informaba en exclusiva de la resolución emitida por la Agencia de Seguridad a petición del ayuntamiento que solicitaba el 11 de marzo la autorización para utilizar las dos prendas que no recoge el decreto autonómica, el anorak y el pantalón de lluvia. El informe autorizaba la ropa por sus características técnicas y composición pero en cuando al color reiteraba que debían ceñirse a lo que dice la normativa, por lo que no pueden usarse, pese a que están compradas y entregadas a los agentes.

En este sentido, este jueves se constituirá la comisión de investigación que todos los grupos aprobaron crear para depurar responsabilidades sobre el proceso que acabó con la compra por 205.000 euros de unos uniformes con algunos elementos irregulares. En la primera sesión, entre otros asuntos, se designará al presidente y se establecerá un calendario de comparecencias. Por otra parte, queda pendiente la declaración de lesividad del proceso. PP, Compromís y C's sacaron adelante una moción para instar a la Junta de Gobierno a anular la reunión que dio luz verde al pliego de condiciones, aunque la medida estaba condicionada a la resolución de la Agencia de Seguridad, que no acepta las prendas. Los populares quieren activar el mecanismo cuanto antes.