El conflicto de Josefa Martí con la Fundación Francisco Balbastre, de carácter civil pero presidida por un párroco, parece haber abierto una puerta a la negociación para encontrar una solución a un problema de muchos años. A escasos días de que el juzgado intente ejecutar el sexto alzamiento sobre los bajos del inmueble en el que reside en la calle Mayor de Mislata, una integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la propia Pepita se reunieron ayer con uno de los abogados del Arzobispado de Valencia para tratar de acercar posturas.

El encuentro se produjo minutos después de la concentración celebrada en la Plaza de la Virgen para denunciar la situación que vive la anciana y su familia y tras la llamada que recibió una integrante de la PAH por parte del letrado para asegurarle que «no querían desahuciar a nadie» y que estaban dispuestos a que el hijo y la nieta de Pepita «puedan subir a vivir con ella a su piso», ubicado sobre el bajo del que pretenden echarlo. En cambio, según la PAH, durante la charla cara a cara, el abogado se limitó a instarles a que deben negociar con el abogado de la Fundación Balbastre, con quien litiga la mujer desde hace años por la propiedad del inmueble.

Tanto el abogado de Josefa, Juan Costa, como los expertos de la PAH, reclaman la oferta por escrito y «sin cláusulas raras que perjudiquen a la mujer y su familia». El problema radica en que Pepita firmó en 2013 un contrato con la fundación por la que obtenía un alquiler por 20 euros mensuales durante 15 años del primer piso del edificio en el que vive. El contrato, según su abogado, era únicamente para que viva la mujer y su marido enfermo y expira en el momento que ella fallezca. Por ello, reclaman «garantías legales» para que el hijo de Pepita no sea desalojado en caso de muerte de la arrendataria. Desde la plataforma indicaron que esperan contactar el lunes con el bufete de la Fundación Balbastre y concertar una cita para hallar una solución.

En este sentido, la fundación emitió un comunicado en el que, además de asegurar que en su constitución «nada tuvo que ver la Iglesia», afirma que «no va a dejar a Josefa y su familia sin hogar, ya que le ha facilitado una al matrimonio mayor y otra a la joven pareja, con un cuarto de baño renovado y se ha pintado el inmueble». La intención de la entidad es ejecutar el día 21 el desahucio de los bajos donde «se va a desarrollar una actividad social». A su vez, recuerda que Pepita «no es la propietaria» ya que la resolución que le concedió la titularidad fue anulada por el Supremo al haber sido obtenida por medio de «maquinaciones fraudulentas».