Ocho agentes de la Policía Local de Torrent, un inspector y el Intendente Principal, Eduardo Martínez, han declarado en la comisión de investigación sobre la compra de uniformes, que las prendas que el consistorio adquiría en la etapa de mandato del Partido Popular eran de mala calidad, hasta el punto de que provocaban alergias y de que «algunos agentes tenían que comprarse prendas pagadas de su bolsillo» por el deterioro que sufrían. Según ha podido saber Levante-EMV, los agentes incidieron especialmente en los zapatos.
La comisión se ha convocado a raíz de cuestionar el Partido Popular el cambio de ciertas prendas y colores, por no estar permitidos en el reglamento, e interpretar que la licitación podía estar beneficiando a una empresa. Aunque la compra está hecha y el consistorio invirtió 205.000 euros, se ha dado orden a los agentes que no las usen hasta que se aclare el asunto, al tiempo que la Generalitat Valenciana no ha autorizado su utilización.
En dos semanas, han pasado por la comisión Eduardo Martínez —declaró durante dos horas y media—, los ocho agentes y un inspector —eran los miembros del comité de expertos que designó el gobierno socialista y que cuestionó la oposición—, el intendente general Agustín Millán, el secretario del ayuntamiento, Jonatan Baena y la directora de la Oficina Presupuestaria, Isabel Cerdà. También están citados para los próximos días las empresas que concurrieron, el alcalde Jesús Ros, y el director de la Agencia de Seguridad, José María Ángel.
Según fuentes de la comisión, Eduardo Martínez indicó que en la etapa del PP el coste del vestuario por agente era superior al de la plica, a pesar de ser de inferior calidad. Por su parte, los policías aseguraron que en estos ocho años también se vulneraba el reglamento en numerosas prendas «porque las empresas fabrican para toda España y no pueden tener todas las especificidades de cada comunidad autónoma».
Respecto al Indendente General, Agustín Millán, fuentes de la comisión indican que afirmó no saber nada del proceso, con lo que se había incumplido el principio de jerarquía —al ser él la máxima autoridad de la Policía Local—, por lo que el proceso podía ser nulo. Este mando dijo también que nunca tuvo conocimiento de las quejas transmitidas por los agentes por la ropa en la anterior etapa.
Por otra parte, el secretario general del ayuntamiento, Jonatan Baena, firmó tres diligencias entre el 27 de octubre de 2015 y el 12 de enero de 2016 en las que advertía que asuntos como las alegaciones al contrato, la modificación del comité de expertos y la compra, aprobados en la Junta de Gobierno, no le fueron comunicados con anterioridad para realizar el correspondiente informe técnico.
