Corría la década de los 70 cuando, en pleno boom urbanístico en el litoral valenciano, en l'Horta Nord crecieron como setas zonas residenciales y de apartamentos. Varias de estas urbanizaciones, y tal como contemplaba su Plan Parcial, fueron entregadas por sus promotores a los ayuntamientos pero se delegó en los propietarios de las viviendas la conservación de los bienes de dominio público que la integran. Es decir, las calles, las zonas verdes, las farolas son propiedad del ayuntamiento, pero de su conservación y mantenimiento se encargan los propietarios de los inmuebles a través de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación (EUCC).
Durante años, los propietarios de viviendas en estas urbanizaciones asumieron una especie de doble contribución: la que pagaban a sus consistorios a través del IBI y la que pagaban a las entidades de conservación. En casos como el de Port Saplaya, el consistorio otorgaba un pequeño descuento a los vecinos para compensar el gasto que hacían con la EUCC.
Pero la crisis trajo un incremento de residentes que se negaban a asumir los gastos de conservación de sus urbanizaciones y reclamaban que estos servicios los asumiera el ayuntamiento igual que hacía con el resto del pueblo. Este ha sido el caso de Port Saplaya, donde el el pleno ha aprobado la apertura del expediente para la disolución de la EUCC. Tras esta decisión está el rechazo de decenas de propietarios a pagar los dobles impuestos, mientras que otras decenas de propietarios votaron el pasado abril por el mantenimiento de la entidad. El caso es que en 2001 el consistorio recepcionó la urbanización «en su totalidad y sin reparos» y desde entonces se ocupa de todos los servicios. Pese a ello, durante estos años la entidad se ha mantenido en funcionamiento para seguir gestionando un pararrayos, una antena de televisión y la piscina de l'Estany.
Y es esta piscina „tal como reconocía ayer la portavoz del gobierno local socialista, Ana Bru„ la madre del conflicto: está construida sobre suelo público pero con dinero de los propietarios, que también la mantienen a través de cuotas anuales. A cambio, y pese a estar en suelo municipal, sólo pueden utilizarla los pagadores de cuotas. Quien no sea vecino de Port Saplaya no puede bañarse allí. Las cuotas las pagan hasta los residentes que no quieren o no pueden usar la piscina, la mayoría de los cuales rechazan pagar las cuotas (que rondan los 100 y 200 euros anuales).
«La piscina se construyó sin tener un soporte legal claro y nosotros lo que queremos es regularizar esta situación „explicaba ayer Bru„. Port Saplaya no es una urbanización cerrada como algunas que hay en la Patacona, y todo el mundo tendría derecho a usar la piscina». Para la regidora socialista, la ley es poco clara respecto la disolución de las entidades de conservación, de ahí que el consistorio haya recurrido a la apertura de un expediente para que todas las partes presenten la documentación que vean necesaria y los técnicos se pronuncien.
En el Puig, el consistorio que preside Luisa Salvador está manteniendo reuniones con los representantes de las urbanizaciones de la playa «para solucionar entre todos algunas deficiencias que presentan», según señaló la alcaldesa. Estas reuniones se producen después de fracasar el intento que emprendió el anterior gobierno del PP de recuperar los servicios de la urbanización Play Puig a través de un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) que el actual gobierno ya ha suspendido. de forma definitiva.
El consistorio hizo la propuesta y la junta general que gestiona la urbanización la aceptó ya que así (aseguraba la comisión gestora) el consistorio asumiría los gastos que los vecinos pagaban con el IBI como el alumbrado, mantenimiento de viales y jardines y, sobre todo, el servicio de agua potable y acabar con el abastecimiento a través de pozos. Aquí también decenas de vecinos se enfrentaron a la comisión gestora y al consistorio porque no estaban dispuestos a asumir los costes del PAI, que ellos calculaban en un 60 % por encima de las cuotas que ya pagan.
Como siempre hay excepciones, en Rocafort se da un caso particular, el de la urbanización de lujo Parque Santa Bárbara. Desde su construcción en los años 60, son los propietarios los que pagan todos los servicios básicos que en otras parte del pueblo asume el ayuntamiento sin dejar por eso de abonar la contribución.
