Tareas cotidianas como beber agua del grifo o ducharse no son un derecho en España, sino un servicio que a menudo se ve interrumpido por impago en determinados sectores de la población que no cuentan con suficientes ingresos. Un problema, cada vez mayor en El Camp de Morvedre, que una nueva entidad se ha propuesto erradicar: la Alianza contra la Pobreza Energética Morvedre (APEM) que han impulsado desde la Plataforma comarcal contra los desahucios después de observar que ocho de cada diez familias que les han consultado por problemas con su hipotecta «sufren o han sufrido pobreza energética», como explicaba a Levante-EMV la portavoz de la PAH, Amaya Aracama.
El colectivo echó a andar en una reunión informativa realizada en el Centro Cívico de Port de Sagunt a la que acudieron medio centenar de personas, incluidos responsables de ADN Morvedre y EU. Con ella, se quiso tomar contacto con los vecinos y con otras asociaciones de la comarca, en un proceso que se extenderá durante el verano. Será en septiembre, con el arranque del nuevo curso político, cuando la APEM arrancará su actividad con reuniones en las administraciones locales y con las empresas concesionarias de servicios. De momento, la Alianza ya ha mantenido contacto con la concejala de Servicios Sociales de Sagunt, la edil de ADN Morvedre María Giménez, si bien ésta aseguró ayer a este diario que todavía carece de datos oficiales sobre la incidencia de esta problemática en la ciudad. De hecho, Giménez pidió también a la APEM algo de tiempo para ponerse al día, aunque desde la entidad apuntaron que el consistorio «ya ha tomado medidas para atender tres casos de extrema necesidad», tras las conversaciones mantenidas con Giménez y con el propio alcalde, Quico Fernández (Compromís).
La puesta en marcha de la nueva asociación ha sido una idea extrapolada desde Cataluña por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de El Camp de Morvedre, como admitía uno de sus promotores, Óscar Vivancos.
Aunque carecen de cifras concretas sobre el número de vecinos de la comarca que pueden sufrir esta situación, la portavoz de la PAH, Amaya Aracama, era clara. «El 80% de las 600 familias a las que hemos atendido acuden a nosotros porque no pueden pagar su hipoteca y luego te acaban reconociendo que también han sufrido cortes de agua, luz o gas por impagos o que están a punto de sufrirlos si no lo hacen. Ha habido casos donde hemos hecho colectas para que eso no ocurriera», decía.
Campaña
La APEM tiene previsto iniciar la campaña «Nadie a dos velas», para que ningún vecino de la comarca se quede sin acceso a los servicios básicos y «para que desde los servicios sociales de los ayuntamientos inicien vías de diálogo con las empresas suministradoras, frente a la usura que éstas ejercen», indica Vivancos. El miembro de la APEM indica que «lo más complicado va a ser negociar con las eléctricas, pues suelen decir que ya existen bonos sociales y demás, pero con lo que ganan pueden hacerse cargo de estas situaciones delicadas». Así, explica que «no se trata de incrementar el recibo al resto de usuarios, sino que sean las propias empresas quienes asuman ese coste».
