La gerencia regional del Catastro no dio muchas esperanzas al Ayuntamiento de Sagunt en su intención de rebajar los valores catastrales que se dispararon tras la revisión que entró en vigor en 2013. En la reunión con una delegación municipal encabezada por el alcalde, Quico Fernández, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas insistió en que la ley impide amortiguar el «catastrazo» hasta cinco años después de su aprobación, aunque el gobierno local entiende que las circunstancias especiales de Sagunt pueden adelantar este plazo a 2016.
«En estos tres años „apunta la concejala de Hacienda, Teresa Garcia, quien también estuvo en la reunión„se ha acumulado un desfase entre el 8 y el 10 %». Este porcentaje, que según explica la nacionalista alcanzará el 15 % en 2018, se refiere a la diferencia entre el valor catastral medio de las viviendas en Sagunt y su precio real de venta, con este último por debajo. Según esta evolución del mercado inmobiliario, «ya se debería poder aplicar el coeficiente reductor» sobre las zonas más sobrevaloradas, que es una de las vías de revisión, además de la rebaja de la ponencia de valores.
Además de promover un cambio legislativo con el impulso que supone la vicepresidencia de Fernández en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, otra opción que baraja el ayuntamiento es hacer revisiones parciales en suelos urbanizables no programados o programados pero no desarrollados. «Habrá que estudiar qué zonas del municipio están afectadas por estas situaciones», asegura Garcia.
Además de la representación institucional, varios miembros de la Plataforma Anticatastrazo estuvieron en la reunión con la gerencia regional, entre quienes se encontraba Roberto Rovira. El también asesor de EU, formación que abanderó la lucha contra la revalorización catastral, explica a Levante-EMV que «desde la plataforma vamos a reclamar la revisión inmediata de la ponencia de valores, pese a que no lo contemple la ley, porque esta misma norma es la que otros ayuntamientos se saltan al no hacer la revisión cada 10 años. A nosotros „por Sagunt„ nos penaliza cumplir la ley en comparación con otros municipios, así que, si se nos niega la rebaja, nos movilizaremos».
Este colectivo barajó en su momento emprender la vía judicial, pero la negación por parte del juzgado de agrupar varios casos en una misma causa hizo inviable esta solución desde un punto de vista económico, según reconoce.
Margen en la rebaja del IBI
El incremento catastral aprobado en 2012 afecta fundamentalmente al impuesto de bienes inmuebles (IBI), aunque el ayuntamiento tiene la capacidad de amortiguarlo con la rebaja del tipo de gravamen. Sobre este aspecto, desde la gerencia regional del Catastro se informó a la expedición municipal que el mínimo legal, que estaba en el 0,4, se ha bajado hasta el 0,1, lo que da más margen al consistorio para mitigar el impacto del catastrazo.
Donde no hay margen, según recuerda Garcia, es en otros impuestos como los que gravan las compraventas o las donaciones, mientras que Rovira también señala su repercusión sobre las becas, ya que el desorbitado valor catastral de los inmuebles ha lastrado, según asegura, a mucha gente que recibía ayudas de este tipo y después de las han negado.
Otro de los puntos sobre el que se interesó la delegación saguntina en la reunión de ayer fue el origen de la revalorización catastral, que «aprobó el equipo de gobierno del PP sin pasar por el pleno, a escondidas de la oposición y los ciudadanos», según recuerda la concejala de Hacienda. Sobre este punto, Rovira añade que «preguntamos expresamente si el procedimiento se había iniciado de oficio o a instancias del gobierno municipal, y nos confirmaron que lo pidió el PP».
