Al mismo tiempo que el tripartito de Sagunt acordaba la revocación de los presupuestos, los grupos de la oposición presentaban la solicitud formal para que se anularan, bajo el argumento de los ocho incumplimientos jurídicos de su tramitación.
El portavoz popular, Sergio Muniesa, asegura sobre la maniobra del tripartito que «confirma que teníamos razón en nuestra reclamación y ellos admiten que se habían equivocado de camino». Más contundente es el segregacionistas Manuel González, quien se muestra convencido de que «la anulación del presupuesto llega después de que se hayan dado cuenta que no nos iba a temblar el pulso para presentar una denuncia por prevaricación con argumentos de mucho peso».
El portavoz de IP no se cree al tripartito cuando defiende que la revocación no responde a motivos jurídicos, ya que «puso unas condiciones políticas —en referencia al alcalde Quico Fernández— para anular el acuerdo —principalmente alguna garantía desde la oposición de no bloquear las cuentas— que no se han cumplido y aún así las ha revocado».
Sobre el fondo del presupuesto, como ya avanzaron todos los portavoces de la oposición, la principal discrepancia se centra en los ingresos que están «hiperinflados», según González.
