El PP ha acusado a Compromís de excluir la desalinizadora de Sagunt de la moción nacionalista presentada en el Senado, en la que pide al Gobierno que asuma el canon de construcción de estas infraestructuras en Castelló, así como que derogue los convenios que vinculan a los ayuntamientos con las plantas para redactar nuevos que sean más «realistas».
«¿Cuál es la razón por la que esta petición no se ha ampliado a la desaladora que se construyó en Sagunto?», se pregunta el portavoz popular, Sergio Muniesa. Y es que el anuncio de los nacionalistas habla de las instalaciones de Cabanes, Oropesa, Moncofa y Xilxes. «Esto demuestra que Compromís no tiene la misma postura cuando se trata de defender nuestros intereses, dado que en la provincia de Castellón están demandando una cosa y aquí la han rechazado repetidamente», insisten.
El grupo popular quiere recordar que desde el principio estuvo en contra de las «abusivas» condiciones impuestas en la firma de un convenio, suscrito por el tripartito de la época (PSPV, EU y Bloc), donde «el señor Fernández —actual alcalde— era concejal de Urbanismo y ferviente defensor de esta instalación, por la cual el ayuntamiento se comprometía a hacerse cargo del coste de la instalación, el mantenimiento y la explotación con un presupuesto inicial de 30 millones de euros, que puede alcanzar los 50 millones».
Desembolso «inadmisible»
Muniesa insiste en que las condiciones acordadas con el ministerio condenan a Sagunt y sus vecinos a un «desembolso inadmisible» y que Compromís «durante años, ha rechazado todas las propuestas que hemos trasladado al pleno para resolver esta nefasta situación y solo en los últimos tiempos ha rectificado».
«El tiempo nos ha dado la razón —prosigue — ya que ahora Compromís se ha dado cuenta que este tipo de instalaciones no deben ser asumidas por las administraciones locales, pero no entendemos como esta posición no se hace extensiva a todas las desaladoras de la Comunidad Valenciana». El PP de Sagunt considera que estas instalaciones son «una espada de Damocles para todos los ayuntamientos y en particular para el nuestro», ya que ese convenio contempla retenciones en las transferencias mensuales del Estado para hacer frente a cualquier impago municipal. Esta posibilidad «ahogaría la capacidad presupuestaria de este ayuntamiento en los próximos 25 años».
Muniesa insta al alcalde a «defender de una vez los intereses de nuestro municipio y a aplicar el último acuerdo plenario, que reitera la posición defendida por el PP para que el sistema general sea el encargado de asumir los costes de la desaladora de Sagunt».
