El descubrimiento del reparto sin registro de entrega de 16 terminales móviles «de alta gama» a dos semanas de las elecciones en el Ayuntamiento de Sagunt ha conducido al gobierno municipal a una investigación de la que ayer dio cuenta el responsable de Patrimonio y Contratación, Pepe Gil. Entre las principales conclusiones, cuando algunas cuestiones todavía están por averiguar, el edil de Compromís destacó que hay constancia de que exconcejales y familiares mantienen terminales municipales y también hay sospechas de que usan líneas telefónicas que paga la administración local.
Los portavoces del tripartito adelantaron que se reservan la posibilidad de elevar este «desagradable» caso a la Justicia por una presunta usurpación patrimonial o apropiación ilegítima de bienes públicos, aunque los primeros pasos se centran en «ordenarlo todo» mediante la identificación «factura a factura y teléfono a teléfono» de todas las personas con terminales municipales para, en el caso de aquellos que han dejado de tener relación con el consistorio, reclamar su devolución antes de presentar la denuncia en caso de que se nieguen.
El portavoz de Esquerra Unida en Sagunt, Guillermo Sampedro, apuntó que «puede parecer algo anecdótico, pero es la prueba del comportamiento de gente que no distingue entre lo suyo y lo de todos. Si alguien tiene un capricho, que se lo pague». Gil, por su parte, señaló la «dejación de funciones del anterior gobierno» con el inventario de algunos bienes y concretamente se refirió al «abuso de la distribución y uso de los móviles», afirmación que sustentó en la confirmación del reparto de 40 terminales de alta gama desde enero de 2014 hasta mayo de 2015.
1.000 euros al mes durante un año
Concretamente sobre los 16 equipos adquiridos a escasas fechas de las elecciones locales, el edil de Patrimonio aseguró que la información obtenida a través de la compañía telefónica desveló que «se negoció la entrega de estos terminales a cambio de más de 60 nuevas líneas con un año de permanencia y pagos de algo más de 1.000 euros mensuales. No sabemos a quienes les llegaron esos teléfonos —añadió el nacionalista— aunque lo imaginamos. Lo incomprensible es que se hiciera el reparto sin criterio y sin registro».
Gil también reconoció que el nuevo gobierno de Sagunt tardó unos tres meses en detectar esta operación y consiguió «con mucho esfuerzo» que la compañía telefónica diera las líneas de baja. A partir de ahí y después de encontrar también una caja en alcaldía con más de 200 tarjetas de móviles, el nacionalista explicó que «enviamos un escrito a jefes de departamento y grupos políticos para localizar todos los terminales».
Además, el departamento de Informática se encargó de llamar a «todos los teléfonos de los que pagamos factura para comprobar quienes las usan y la intención es dar de baja o bloquear aquellas en las que no han contestado». Gil apostilló que no está en contra de que el «kit de concejal» incluya un móvil como «herramienta de trabajo», aunque reclamó que antes «se acuerden las condiciones y se apliquen a todos por igual».
A la hora de señalar responsabilidades, el nacionalista nombró al exalcalde, Sergio Muniesa, y especialmente al exdelegado de Nuevas Tecnologías, José Luis Martí, quien «nos han dicho que hacía entrega casi en mano de los móviles». Del último paquete de 16 terminales, Gil apostilló que «estoy seguro que no habría hecho esa gestión si hubiera sabido que el PP iba a perder las elecciones».
