Lafarge solicitó la ocupación de monte público para seguir explotando la cantera del Salt de Llop de Sagunt dentro del perímetro actual, después de que el permiso del que dispone expire a finales de 2017. Desde un primer momento, el actual equipo de gobierno no ha visto con buenos ojos la concesión de éste amparándose en cuestiones legales que limitan la actividad extractiva en pro de la protección de la montaña. Esta situación obligó a los trabajadores a encargar un informe jurídico-técnico a un despacho de abogados experto en legislación sobre explotaciones mineras con el objetivo de tener el marco legal un tanto más claro para diseñar sus propuestas de acción. El encargo se produce tras las alegaciones que presentó el gobierno local en contra de la concesión a la que se sumaron las de los vecinos de Romeu. Sin embargo, el documento jurídico de los trabajadores cuestionaba buena parte de éstas, informe que la empresa presentó públicamente. Después de un conflicto enrarecido, la conselleria se pronuncia y lo hace a favor de la ocupación, pero será el Consell el que tenga la última palabra. m.r. sagunt
